Miércoles 28 de Enero de 2026

Un cuento y pocas cuentas

SANCIÓN
La representante española de la firma de auditores Deloitte fue multada con 12,3 millones de euros por opinar sobre los estados financieros de Bankia al 30 de junio de 2011 que previamente había ayudado a preparar.

La  representante española de la firma de auditores Deloitte fue multada con 12,3 millones de euros por opinar sobre los estados financieros de Bankia al 30 de junio de 2011 que  previamente había ayudado a preparar.

En España todavía está muy abierta la herida que ha causado a los medianos y pequeños inversionistas el derrumbe bursátil de Bankia (entidad resultante de fusionar siete cajas de ahorros, de las que Caja Madrid sobresalía por su volumen de operaciones). En 2011 la directiva de la flamante institución encabezada por el famoso ex ministro Rodrigo Rato contrató a Deloitte para que  preparara los estados financieros que serían utilizados para la salida a bolsa, y también para que opinara sobre su razonabilidad. Todo ello un verdadero pecado mortal según las reglas que rigen el ejercicio de  auditoría externa a nivel mundial.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) justifica haber impuesto una multa récord a la auditora Deloitte por ser “responsable de una infracción continuada muy grave al haber incurrido en un incumplimiento del deber de independencia” en las cuentas del primer semestre de 2011, que son los clave para la salida a Bolsa de Bankia. Así lo señala la nota del diario El Mundo de España que ha tenido acceso al expediente remitido al juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional que instruye el caso.

El artículo señala que el problema principal fue que Deloitte ayudaba como consultor al equipo del entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a elaborar las cuentas; y luego las auditaba como si no hubiera tenido nada que ver con ellas. Por servicios varios de asesoría  Deloitte cobró a Bankia 2,3 millones de euros, según el expediente, y, por los de auditoría, 1,6 millones.

La auditora tiene previsto recurrir la sanción por considerarla improcedente. Entre sus principales alegaciones figura que los trabajos de asesoría que realizó se produjeron a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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