Jueves 26 de Diciembre de 2024

Cavidea: Gobierno ordena desviar alimentos a red pública

CRISIS
La medida establece que la producción deberá ser despachada a los establecimientos de Mercal, PDVAL, Bicentenario y otros de la red pública y niega en el envío a la red privada. Los rubros afectados por esta medida son leche, pasta, aceite, arroz , azúcar, harina panadera y harina precocida de maíz.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) alertó que más de 80.000 establecimientos resultarán afectados con la medida gubernamental que obliga a desviar los alimentos básicos hacia la red comercial pública, aunque existen 15 veces más puntos de venta en la red privada que la pública.

La red estatal posee 7.245 establecimientos, mientras que la privada tiene un total de 113.859 locales, lo que podría generar más filas de personas en los comercios públicos. En el caso del municipio Libertador (Caracas), el desvío a la red pública reduciría a 1 local por cada 93 mil habitantes.

La instrucción fue emitida por la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro) y estipula que entre 30 y 100 por ciento de la producción de determinados alimentos se desvíe hacia los comercios del Estado. Los rubros afectados son leche, pasta, aceite, arroz, azúcar, harina panadera y harina de maíz precocida.

"Quitarle productos a los supermercados y bodegas, para llevarlos a la red del Estado no ayuda en nada, y problemas como el bachaqueo puede incluso agravarse, porque los alimentos se concentrarán precisamente en los locales donde compran los revendedores", dijo el presidente de Cavidea, Pablo Baraybar, tras recalcar que la industria estatal tiene capacidad para abastecer al Gobierno. El directivo señaló que es urgente una reunión con el Gobierno.

"La orden de desviar buena parte de la producción de alimentos a las redes públicas de distribución afecta principalmente a los consumidores", dijo. "Desviar la producción hacia la red pública, principalmente a PDVAL, Mercal y Bicentenario, en detrimento del resto de los comercios, no resuelve en absoluto la situación de desabastecimiento".

Baraybar afirmó que el consumidor será el más afectado, porque se concentrará la oferta en menos establecimientos, lo que ocasionará mayores colas de personas en los comercios.

El directivo citó que en el municipio Libertador de Caracas existen 1.333 puntos de ventas privados de alimentos, lo que representa 1 punto por cada 1.458 habitantes. Desviar únicamente a los 5 establecimientos del Estado, en ese municipio, significaría reducir las opciones a sólo 1 punto de venta por cada 388.780 habitantes.

Según Cavidea, la medida no resuelve el problema del "bachaqueo", por lo contrario, lo agrava. En una encuesta de Omnibus Nacional a marzo de 2015, el 67 por ciento de los revendedores asiste a la red pública, un 13 por ciento lo hace en los supermercados; un 7 por ciento en abastos y bodegas; y un 7% en carnicerías, panaderías y otros.

Otro aspecto que mencionó Cavidea es que afecta a la masa laboral, pues implica una transformación completa de sistema de distribución privado del país. “Se trata de miles de trabajadores que están en riesgo por la medida de desviar la mayor parte de la producción de alimentos a las instalaciones de la red pública", señaló el gremio.

Baraybar agregó que el país no necesita desviar mercancías, sino incrementar considerablemente la producción nacional.

 

"Insistimos en la producción nacional porque somos más eficientes en el uso de las divisas por cada dólar invertido en importar producto terminado, la industria nacional produce 5 veces más alimentos". dijo.

El desvío de mercancías, se suma a la falta de liquidación de divisas por parte del Ejecutivo. Señaló que el sector requiere de la aprobación de 1.400 millones de dólares para cancelar las deudas a los proveedores.

Asimismo dijo que tienen “bastantes líneas de producción paradas por falta de materia prima”. El directivo gremial se refirió a la paralización de la empresa Kraft, pero no precisó detalles, ni de esta empresa, ni otra con problemas.

Con respecto a las divisas, señaló que existen unas autorizaciones pendientes por 1.400 millones de dólares que las empresas deben cancelar a sus proveedores internacionales.

“Hay diferentes líneas de producción como de envases, pero no es un problema laboral sino de falta de materia primas”, dijo.

 

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