Clínicas privadas en riesgo de quiebra

En promedio los precios de los servicios antes mencionados bajaron un 68% y algunos casos un 80% o más. Según informó Cristino García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), hasta la fecha las clínicas no han dejado de prestar servicios, pero esto es gracias a que están utilizando materiales que compraron antes de la regulación, una vez que se les acabe el inventario y tengan que comprar insumos a precio nuevo y cobrar a los precios regulados, pone en duda que puedan seguir operando, según alertó el representante del gremio. Antes de esta regulación, la ganancia promedio de las clínicas en Venezuela oscilaba entre el 2 y 7%, sin embargo García afirma que desde el 26 de junio, las clínicas “están trabajando a pérdidas” y que solo podrán mantenerse en pleno funcionamiento por tres o cuatro meses más, hasta que se les acabe el inventario.

El presidente de la Asociación explicó que el problema está en que solo se está regulando a una sola de las varias caras que integran la cadena del sector salud: “Al regular nuestros precios, no se toma en cuenta el aumento de los precios en toda la cadena, por poner un ejemplo, los reactivos de laboratorio han subido en 93%”. El problema de la obtención de las divisas requeridas a precio oficial, y las recientes devaluaciones del bolívar, también son temas que afectan al sector privado de la salud y que no ha sido tomado en cuenta por el ejecutivo, aproximadamente 65% de los productos usados por las clínicas son importados según datos de la AVHC.

De ser ciertas las denuncias de García, habría clínicas que estarían en riesgo de dejar de funcionar a causa de esta legislación y de no acatar los nuevos precios regulados se estarían enfrentando a sanciones tributarias y 90 días de pena carcelaria. En el caso de que lleguen a cerrar varias clínicas por falta de sostenibilidad financiera, muchos usuarios tendrían que migrar al sector de salud pública, que según García se encuentra en una situación precaria.

En la catalogación de las clínicas se establecen tres denominaciones: las camas estructurales, que son las camas sin médicos o servicios, y las camas funcionales u operativas, que incluyen la atención médica y los servicios de comidas y medicamentos. Actualmente el número de camas estructurales está en 7600 para los miembros de la AVHC y 47000 para el sector de salud pública, mientras que para las camas operativas, el número es de 7600 para las clínicas adscritas a la AVCH y 13000 para el sector de salud pública. El índice de rotación, que muestra el tiempo que un paciente permanece en una cama está para los miembros de la AVCH en 0.4 y 11.4 para el sector de salud pública. Para García esto demuestra que: “No hay buena gerencia en el sector público y nos quieren es amonestar a nosotros”.

Piden estudio de estructura de costos

En miras a las quejas presentadas por la AVCH, la ministra Iturria declaró esta semana que está dispuesta a sentarse a negociar con el sector privado: "Estamos dispuestos a que algunas pocas cosas puedan subir, pero también sabemos que muchas cosas tendrían que bajar. Sobre ajustes que se puedan hacer en la regulación, sobre modos diferentes de organizarla, claro que sí, claro que podemos conversar", dijo. Por su parte la superintendente de Sundecop, Karlín Granadillo, ha dicho que se estaría planeando una reunión con el sector privado para esta semana, acción que García aplaude. Aun no se ha puesto fecha para estas reuniones y se está a la espera de que el ejecutivo explique la metodología que usa para establecer los precios regulados.

La iniciativa de regular estos rubros surgió de un pacto que se inició en marzo del 2012 entre la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVHC) y la Alianza Interinstitucional por la Salud (AIS), una asociación integrada por 40 instituciones gubernamentales. Para ese entonces la AIS presentó una queja sobre las tarifas que se cobraban por estos servicios en las clínicas del área metropolitana. Según García,  el pacto nunca se dio debido a que su organización exigía un ente imparcial para la realización del estudio que catalogaría a las clínicas y las tarifas, mientras que la AIS quería que el pacto se diera bajo el análisis que ellos habían realizado.

Un año después, se publica en Gaceta Oficial una ley que exige a las clínicas entrar en la regulación de precios e inscribirse en el Sundecop. Según la ministra de Salud, Isabel Iturria y la Sundecop, el punto que se tomó en consideración para la designación de esta ley, fue un análisis de varias facturas de las clínicas con la que trabajan los organismos asociados a la AIS, recolectadas el año pasado. Alrededor de 63.000 facturas se usaron para establecer un precio que consideraron “justo” y al que se le aumentó un 20% por los cambios que ha sufrido la moneda en los últimos meses, monto que para muchos economistas no va acorde al porcentaje de las pasadas devaluaciones. García asegura que para la implementación de esta ley, nunca se le consultó a los representantes de las clínicas: “Por parte del Ejecutivo nunca se nos llamó a los de la AVCH, esa ley fue una imposición”.