Cámara Inmobiliaria alerta sobre ocupación de bienes

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela observa con preocupación la política sostenida por el Ejecutivo Nacional de ocupar terrenos y bienes inmuebles en el país para eventuales desarrollos de viviendas violando la propiedad privada de los legítimos propietarios de estos bienes. 

Alertan a la sociedad por las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 40.710, del lunes 27 de julio de 2015, donde el Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda ordena la “ocupación de urgencia” de 21 inmuebles en todo el país, específicamente 6 en el Estado Bolívar, 1 en el Estado Anzoátegui, 1 en el Estado Miranda, 9 en el Área Metropolitana de Caracas, y 4 en el Estado Vargas.

Como balance de esta última ola de intervenciones de terrenos e inmuebles, tendríamos la afectación de 193 mil metros cuadrados de terreno pertenecientes a particulares y que forman parte de la reserva urbana de distintas ciudades en todo el país.

Paralelamente aparecen denuncias sobre la presunta afectación de galpones ubicados en La Yaguara, Distrito Capital, donde funcionan las empresas Coca-Cola Femsa, Cargill y Alimentos Polar.

“¿Será que nuevamente se impondrá el criterio de llevar adelante la construcción de viviendas sin atender a la planificación  urbana, en este caso en una zona esencialmente de uso industrial?”, pregunta Carlos Alberto González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

El gremio inmobiliario rechaza estas prácticas violatorias del derecho a la propiedad privada contemplado en el artículo 115 de nuestra Constitución, prácticas que a la postre se convierten en medidas confiscatorias, porque en el pasado las mismas han sido llevadas a cabo sin cumplir los procedimientos de Ley, y sin que haya mediado la indemnización  a los propietarios de los inmuebles afectados.

“Llama poderosamente la atención que se incluyan en las medidas de apropiación urgente alrededor de diez  edificios, algunos ocupados por inquilinos, otros que fueron invadidos hace algún tiempo sin que sus propietarios hayan podido desocupar  a los ocupantes ilegales. ¿Se utiliza nuevamente el expediente de quitar la propiedad a algunos venezolanos para entregársela, a medias, a otros venezolanos? ¿Se convalida el derecho a invadir la propiedad privada? ¿Hay desalojos buenos y legales como el que se produjo en la carretera Panamericana y otros malos porque los bienes a desalojar son propiedad de particulares?”, señala el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

La Cámara quiere afirmar su disposición de colaborar con el Ejecutivo en la generación de los Planes de Desarrollo Habitacional, que permitan a los sectores más vulnerables de nuestra población  y también a nuestra clase media acceder a una vivienda, pero advierte que la toma de terrenos urbanos e inmuebles en general  desestimulará, aún más, la inversión privada en Venezuela.

“¿Cómo incrementamos la producción y la confianza si se sigue profundizando en las políticas  que hasta ahora han hecho tanto daño a nuestra economía? Seguimos apostando al diálogo eficaz, el cual se logrará solo si priva la convicción de que todos somos necesarios en la construcción de la mejor Venezuela”, concluye Carlos Alberto González.