Casa Blanca publica lista de funcionarios sancionados

El presidente Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto que declara a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional e impuso sanciones a siete funcionarios del alto gobierno venezolano, y expresó su preocupación por la conducta que tiene el gobierno nacional con los opositores.

“Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”, dijo en una declaración el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La nota de prensa publicada en la página de la Casa Blanca establece que "las autoridades venezolanos que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y participen en actos de corrupción pública no serán bienvenidos aquí (Estados Unidos), y ahora tenemos las herramientas para bloquear sus activos y su uso de los sistemas financieros".

Los siete funcionarios sancionados son:

Antonio Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).

La Casa Blanca asegura que Benavides Torres es un "es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014.  En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego". 

Justo Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).

Miguel Alcides Vivas: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

Katherine Harrington: Fiscal a nivel nacional de la 20 ª Oficina de Distrito del Ministerio Público de Venezuela.

Según la Casa Blanca, esta funcionaria, "en su capacidad como fiscal acusó a varios miembros de la oposición, incluido al ex legislador de la asamblea nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos".

Manuel Bernal Martínez: Jefe de la 31 ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN). 

A este funcionario se le sanciona por haber estado al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes, y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.

Gustavo González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).

Según la Casa Blanca este funcionario es "responsable de (...) actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.  Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela.  Además de causar varias lesiones, el personal del SEBIN cometió cientos de entrada forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela". 

Manuel Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana. La Casa Blanca califica a Pérez Urdaneta como "líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014.  Por ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales". 

Estados Unidos considera que estos funcionarios participaron en actos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014.

También consideran que los 7 sancionados penalizan o limitan el ejercicio a la libertad de expresión y son acusados por corrupción pública. 

Por otro lado, la Casa Blanca considera que "la única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo real - no deteniendo a opositores y tratar de silenciar a los críticos. El pueblo venezolano merece un gobierno que haga honor a su compromiso con la democracia, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos".