Cedice: Las ocupaciones de empresas son ilegales

A través de su Observatorio de la Propiedad, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE-Libertad), fijó posición frente a los anuncios realizados en cadena nacional por el jefe de estado, Nicolás Maduro, en el que se le otorgan rango constitucional a los llamados Consejos Presidenciales Populares y anunció que “la clase obrera ocupará cualquier empresa que participe en la llamada guerra económica.

“El que esté saboteando y se compruebe, con la ley y la Constitución, la clase obrera procederá de inmediato a ocupar esa empresa y a ponerla al servicio del plan nacional. Preparaos, obreros de la patria”, dijo Maduro.

Frente a estas afirmaciones y amenazas del primer mandatario, CEDICE-Libertad considera oportuno advertir a la ciudadanía en general que los Consejos Presidenciales Populares, así como las instancias del Poder Popular, no están previstos en la Constitución vigente y que además no son compatibles con principios y derechos humanos que sí están reconocidos y garantizados en forma explícita por el texto Constitucional.

Del mismo modo, insiste en que las ocupaciones, intervenciones y tomas de empresas privadas, mediante actos del Gobierno nacional sin procedimientos previos y sin juicio previo ante tribunales imparciales, constituyen flagrantes violaciones del debido proceso, la propiedad privada y la libertad económica, y una de las principales causas (junto a otras medidas estatales como el control cambiario, los monopolios estatales, la corrupción, los controles de precios, etc.) de graves problemas como la escasez, inflación, especulación, mercados negros, desabastecimiento, colas e improductividad que hoy día definen la realidad económica de todos los venezolanos, sin excepción.

La “guerra económica” a la que se apela para justificar todas las inconstitucionalidades antes mencionadas, representa una invención propagandística del Gobierno nacional, cuyo fin es imponer una explicación falsa de la problemática económica al no contar con pruebas efectivas de esa irreal conspiración en su contra (los empresarios en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, sólo quieren obtener ganancias lícitas, no derrocar gobiernos ni asumir el poder), y estar urgido de atribuir a los empresarios privados, a los trabajadores y a los consumidores y usuarios en última instancia (todos estos sus víctimas por igual) las consecuencias de sus erradas políticas económicas.

“Como organización civil y académica dedicada a la promoción y defensa de la libertad y la propiedad privada, como pilares básicos de una sociedad próspera, inclusiva, segura y responsable, apelamos a la conciencia y valores de los ciudadanos para que se exija, con firmeza y convicción, desde los más diversos sectores de la vida nacional, el inmediato cese de estas amenazas y políticas contrarias a la Constitución y a los derechos reconocidos en ella, que lejos de resolver los problemas económicos y sociales del país los agrava cada día, al tiempo que aumentan la violencia política, el odio entre nacionales y la pobreza de grandes sectores del país, debido a la centralización en el Gobierno nacional de todas las decisiones políticas y económicas”.

La institución asegura que en lugar de Consejos Presidenciales, Poder Popular y ocupaciones de empresas, el país necesita respeto y promoción de la libertad económica, competencia, libertad de elegir los consumidores, propiedad privada y descentralización. “Eso sí es constitucional, no el socialismo centralista, ni la liquidación de las libertades económicas, políticas y civiles”.