Fiscal Luisa Ortega pidió anular convocatoria de constituyente

La Fiscal General Luisa Ortega solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso que anule la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, luego de que esa máxima instancia judicial declaró inadmisible su solicitud.

"Estoy pidiendo que declare la nulidad al Consejo Nacional Electoral, primero la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los conceptos legales, en primer lugar porque es el pueblo, quien tiene la potestad de convocar a una constituyente", dijo Ortega Díaz, tras afirmar que la sentencia del TSJ prácticamente deroga la democracia participativa y protagónica.

"Los magistrados determinaron que yo no tenía legitimidad para intentar esa acción, aún cuando constitucional y legalmente estoy facultada para ello", dijo la Fiscal que recalcó que el pueblo merecía esa aclaratoria.

"Ese pueblo merecía que se le explicara si todavía estamos en una democracia participativa o protagónica o volvimos a la democracia representativa", afirmó Ortega Díaz.

El pueblo -dijo- tenía el derecho de saber si hay progresividad en los derechos humanos, o hay que justificar la "feroz represión" que estamos viendo, así como saber si la soberanía reside intransferiblemente en él.

La titular del Ministerio Público,  solicita al máximo órgano judicial que anule la convocatoria al proceso Constituyente, la nulidad de las bases comiciales del proceso presentadas por el Comando Zamora 200 ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 5 de junio y la decisión publica hecha por la presidenta del CNE en la que informó que iniciaría la postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente.

“En una Constituyente tiene que participar el pueblo”, advirtió. Así, la fiscal justificó su accionar sosteniendo que no se puede llevar a cabo ese proceso actuando “a espalda del pueblo”.

“El recurso que estoy presentando es para defender a la Constitución y a los venezolanos”, aseguró.

Asimismo, la fiscal pidió la nulidad de las bases comiciales porque son “inconstitucionales”.

Adicionalmente, exigió la anulación de las bases comiciales por considerarlas inconstitucionales, así como el llamado que realizó la presidenta del ente comicial, Tibisay Lucena, para el inicio de la fase de postulación de candidaturas para la Constituyente.

Al respecto, Ortega Díaz precisó que ni para las bases comiciales, ni para los propios actos administrativos emanados de la referida instancia electoral, no se crearon decretos ni fueron publicados en Gaceta Oficial, que se especificaran los alcances y contenido de todo el proceso. “Una Constituyente a espaldas del pueblo, no puede ser Constituyente”, indicó.

Explicó que el CNE, como poder público, debe velar por la vigencia de la Constitución, razón por la cual causa preocupación lo argumentado por una de las rectoras de ese cuerpo electoral, quien dijo que esa instancia no es la encargada de dirimir si la Constituyente es o no constitucional.

La Fiscal General recordó que la misma Constitución señala que “no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, establece el artículo 333, que todo ciudadano envestido o no de autoridad, tiene la obligación de colaborar en el efectivo restablecimiento de su vigencia”.

En tal sentido, indicó que todo ciudadano sea magistrado, rector, contralor, empleado, trabajador, militar y estudiante debe velar por la Constitución, pues es una orden que está establecida en la misma Carta Magna.

“Por eso he venido el día de hoy a presentar este recurso de nulidad, porque considero que el CNE incurrió en la violación de principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa; del principio de la igualdad y del voto; el derecho al sufragio y a la participación política; el principio de soberanía constitucional”.

A propósito de este tema indicó que con el amparo interpuesto busca defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica y a todos los venezolanos, pues lo que está en juego es el país y la integridad de cada uno de los ciudadanos, la paz y el respeto que cada persona merece.

Consideró que hasta ahora todos los llamados a la Constituyente han sido violentos, por ello la Fiscal General citó algunas de las amenazas por parte de altos funcionarios del gobierno: “los vamos a poner presos; están obligados a apoyar la Constituyente porque, de lo contrario, serán enjuiciados por traición, serán encarcelados. Frases agresivas y amenazantes: quienes no acepten la Constituyente son fascistas o terroristas. No podemos vivir en un país así”.

Por ello, es partidaria de que la paz debe construirse entre todos, por lo que no debe ser impuesta por un único actor o bando, sino por todos los venezolanos. Reiteró que un proceso como este no puede materializarse sobre la base de amenazas.

Manifestó que con la Constituyente se está destruyendo el legado del presidente fallecido Hugo Chávez, razón por la cual argumentó que el chavismo es una corriente del pensamiento, no es un partido político, es una filosofía de vida y su principal legado es la Constitución de 1999.

En ese sentido, pidió a todos los habitantes del país que estén en desacuerdo con la Constituyente, que acudan al piso cuatro del TSJ para adherirse a la solicitud de la Fiscal General de la República ante la Sala Electoral.

El maquillaje de las sentencias

Ortega Díaz también se pronunció sobre la inadmisibilidad del escrito que interpuso el pasado 01 de junio contra la sentencia 378 de la Sala Constitucional del TSJ, la cual derogaba la democracia participativa y protagónica, la supremacía constitucional, el principio de soberanía que es intransferible y la progresividad de los derechos humanos.

Al respecto dijo que los magistrados consideraron que no tenía legitimidad para ejercer tal acción, aún cuando la Carta Magna establece que la Fiscal General está facultada para realizar la solicitud.

La misma Sala, con fundamento en la Constitución y en las leyes, refirió en las sentencias 157 y 158, que sirvieron para aclarar la 155 y 156 con las cuales se rompió el hilo constitucional, que “cualquier ciudadano o ciudadana que tenga interés legítimo en un proceso judicial o autoridad pública, incluyendo a la Procuraduría General de la República, Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía General de la República, entre otros, les asiste el derecho a solicitar formalmente la aclaratoria de cualquier sentencia”.

Ante esta situación, la máxima representante del Ministerio Público se preguntó por qué hace dos meses, “el maquillaje” que realizaron a las dos sentencias que rompían el orden constitucional sostenían que la Fiscal General y cualquier ciudadano podía solicitar la aclaratoria de cualquier sentencia y, ahora, no. “Esa es la inseguridad jurídica que he venido denunciando hace tiempo”.

Advirtió que ello no resolvió en nada la ruptura del orden constitucional, por lo que consideró que los venezolanos merecían que le respondieran y le aclararan si todavía en el país existe una democracia participativa y protagónica o regresamos al sistema representativo.

Agregó que el pueblo necesitaba saber si existe la progresividad de los derechos humanos o tiene que justificar la represión que se está viviendo, y que le dijeran si la soberanía reside intransferiblemente en él.