Fiscal Luisa Ortega Díaz advierte ruptura del orden constitucional

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que la sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Justicia que elimina las funciones de la Asamblea Nacional representa una "ruptura constitucional".

"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución", dijo Ortega Díaz.

En transmisión de Venezolana de Televisión, Ortega Díaz señaló que como “existe una lamentable pugna institucional” que impide el desarrollo cotidiano de las acciones del Estado, decidió “realizar su presentación desde la sede del organismo que preside.

"Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por el evento (sentencias)", agregó, en una transmisión por el canal estatal de televisión.

Ortega, cercana del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual Nicolás Maduro, se deslindó de los comentarios dados por funcionarios allegados al Gobierno que respaldaron la sentencia del Tribunal Supremo.

La sentencia inicialmente estaba relacionada con la autorización del Ejecutivo Nacional de autorizar la creación de las empresas mixtas, pero se incluyó un numeral en el que reveló que el TSJ asumirá las funciones de la Asamblea Nacional.

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", explicó la Sala Constitucional en la sentencia del TSJ.

El gobierno, en cambio, se defendió de la "histérica campaña contra Venezuela" con una nota de su Cancillería: "Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuya en los asuntos de jurisdicción exclusiva de estados soberanos. Es además inmoral la operación de desestabilización sin precedentes que han desatado contra Venezuela, su revolución y su pueblo".

"Es falso", añade el comunicado, "que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela; por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo Tribunal de la República".

Hasta ahora sólo se ha producido pequeñas protestas en el país. La convocada hace unas horas por estudiantes frente al Supremo acabó con agresiones de la Guardia Nacional y de paramilitares chavistas contra estudiantes y periodistas.

Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá y Estados Unidos figuran entre los países del continente que han manifestado su preocupación por la decisión del Supremo venezolano, informa Efe.

Bolivia, por el contrario, ha anunciado su "apoyo incondicional" al Gobierno de Nicolás Maduro.

Según el Ministerio de Exteriores, "estos gobiernos" han conformado una "coalición intervencionista" pues, asegura, "no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas en la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a un plan contra injerencista contra Venezuela" y ahora han desatado una "histérica campaña".

La Cancillería venezolana señala que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaría intentando imponer ese supuesto plan de injerencia "en franca violación a la legalidad internacional y nacional".

Sesión en la OEA

Almagro solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y pide que en esa sesión se consideren sus informes críticos sobre Venezuela (del pasado 30 de mayo y del 14 de marzo), "así como los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela", según la solicitud, firmada hoy, a la que tuvo acceso Efe.

Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general y a cualquier Estado miembro para solicitar una sesión de "apreciación colectiva de la situación" donde se puedan "adoptar las decisiones que se estimen convenientes" cuando en un país se produzca "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático

Esto es algo que Almagro ya concluyó sobre Venezuela en su informe.

El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles se reunirá hoy con Almagro, en la sede del organismo en Washington, para pedir que los Estados miembros apliquen la Carta Democrática a Venezuela.

Sin embargo, los países de la OEA todavía no han proseguido con ese proceso gradual abierto por Almagro y, aunque algunos ya han hablado en público de "alteración del orden constitucional" o de "alteración del orden democrático", no lo han sometido a votación.

La Carta Interamericana está invocada (por Almagro, dos veces), pero no se está aplicando todavía, ya que para que se inicie su proceso se necesita que al menos 18 países (la mayoría simple de los 35 Estados miembros) voten que hay esa "alteración" en Venezuela.

Por el momento la única sesión a petición de Almagro, en la que leyó su primer informe crítico sobre Venezuela, pidió la suspensión del país si no hay elecciones generales en 30 días.

La suspensión es el último punto del proceso de la Carta Democrática y por el momento los países de la OEA críticos con Venezuela la consideran "un último recurso" y prefieren agotar la vía diplomática.

Desde ayer, un amplio grupo de países de la OEA negocia la convocatoria de un Consejo Permanente urgente, pero todavía no se han puesto de acuerdo al respecto, según fuentes diplomáticas.

Una de las claves es que, si el Consejo no se celebra hoy, en la Presidencia de turno dejará de estar Belice y pasará a estar Bolivia, uno de los grandes aliados de Venezuela y que se opone a que la OEA celebre sesiones sobre temas del país sin su consentimiento.

No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebraran aunque sí tratar de retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron fuentes diplomáticas.

Almagro dio hoy el paso formal de pedir un Consejo urgente tras calificar ayer de "autogolpe de estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado.