Empresarios proponen cinco áreas prioritarias (Documento)

Barquisimeto.- El mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras, propuso cinco áreas prioritarias en la agenda legislativa que permita condiciones favorables para la inversión.

La estabilidad macroeconómica, regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción, un sistema tributario eficiente, empleo  digno, así c omo la reducción de la burocracia y la simplicación de trámites, son algunas de las recomendaciones que presentó el presidente saliente de Fedecámaras, Jorge Roig.

"Debemos frenar el deterioro y promover la reactivación de aquellos sectores que están más vinculados a las dificultades que actualmente perjudican más al bienestar, y además constituyen las mayores fuentes de generación de empleo y tienen capacidad de impulsar el desarrollo de otros sectores en cadena: el sector agropecuario, la construcción, la manufactura, el comercio, el turismo, los seguros y la banca", dijo Roig.

Afirmó que para que en el país exista un clima de confianza, considera que es fundamental que los indicadores sean previsibles.

Roig señaló que algunas normas que se deben modificar para contribuir con la estabilidad fiscal es la modificación del presupuesto nacional para que se ejecute de manera "eficiente y transparente". Así mismo insistió que es fundamental una ley del Banco Central que garantice su autonomía, de manera que pueda cumplir con ser garante de la estabilidad de precios y que los convenios cambiarios no sea un proceso burocrático y arbitrario sino una transacción fundamentada en las necesidades y la fortaleleza de cada uno de los sectores de la economía.

A continuación el texto íntegro:

Compromiso con Venezuela:

Construir un marco regulatorio que abra las puertas al futuro

Principios de una propuesta de agenda legislativa

Los empresarios hemos propuesto una agenda de desarrollo basada en el diálogo y el reconocimiento de nuestra realidad social. En nuestro Compromiso con Venezuela planteamos los lineamientos para avanzar hacia el crecimiento alrededor de tres consensos fundamentales: la necesidad de crear confianza para la inversión y el emprendimiento, la necesidad de eliminar los obstáculos que hoy enfrenta la producción nacional, y la necesidad de apoyar la iniciativa de los venezolanos estableciendo prioridades claras para la inversión pública y para la promoción de la inversión privada.  Ahora nos planteamos darle una traducción a estos compromisos, proponiendo reformas específicas a nuestro marco regulatorio. Considerando lo urgente que es dar un cambio de dirección a nuestra economía, proponemos especialmente a nuestra Asamblea Nacional, hacer las reformas que nos conducirán al fortalecimiento de nuestro aparato productivo y la generación de bienestar. Las reformas deben seguir dos principios fundamentales: una actuación balanceada, justa y predecible de la ley; y la eliminación de obstáculos.

Una actuación balanceada, justa y predecible de la ley y las instituciones. Construir el entorno de confianza que necesita Venezuela, implica que cada norma que integra nuestro marco regulatorio, desde una ley orgánica hasta el más simple de los procesos administrativos, debe:

1. Resultar del diálogo y establecer espacios para la cooperación. Cuando todos los actores involucrados tienen oportunidad de participar en la elaboración de una norma, se encuentran las mejores alternativas para la solución de los problemas.

2. Promover la transparencia y la probidad en la administración pública. Mientras más intrincados son los procesos burocráticos y hay menos mecanismos de contraloría y rendición de cuentas, decisiones como conceder un permiso, expropiar una empresa o privar de libertad a un trabajador se vuelven más dependientes de la voluntad de un funcionario. Esto incentiva la ineficiencia y la corrupción. Las regulaciones deben establecer formas efectivas de hacer rendir cuentas a todos los actores ante la ley.

3. Aplicarse a todos por igual. Conceder un registro o un permiso, debe depender exclusivamente del cumplimiento de condiciones técnicas y legales, no de la posición política de ninguna de las partes, ni de los intereses personales de algún funcionario.

Reducir obstáculos es crear soluciones. Actualmente, quienes desean emprender e invertir deben hacer frente a trámites que se duplican, procedimientos incompletos, o incluso que se contradicen. Las leyes y normas deben ayudar a resolver problemas, no crear unos nuevos, por ello necesitamos:

1.  Reglas sencillas y que no se dupliquen. Más que aprobar leyes para la simplificación de trámites, se requieren acciones reales: eliminación de trámites innecesarios, implementación de taquillas únicas, sistemas inteligentes, pero sobre todo, la voluntad de aplicar este principio en todas las actuaciones de la administración pública.

2.  Orientar, no controlar la economía. Actualmente el Estado no solo participa directamente en la producción de bienes y servicios, sino que supervisa fuertemente la actividad privada. El Ejecutivo tiene más facultades para controlar la economía, mientras se han cerrado espacios para el trabajo en equipo y el diálogo. Los resultados tangibles de implementar estos controles han sido la ineficiencia y la merma de la confianza.

3.  Considerar las particularidades de sectores y organizaciones. Las leyes que definen los deberes de las personas, empresas y organizaciones, deben tomar en cuenta que se necesitan regulaciones particulares para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de cada tipo de iniciativa.

4.  Resolver los conflictos de forma eficaz y justa. Los trámites que deben cumplir las personas y organizaciones no deberían implicar años de espera. A su vez, las decisiones del Ejecutivo sobre asuntos como estos no deberían ser discrecionales y sujetas a la voluntad de algún funcionario, sino siempre apegadas a la justicia.

Las reformas transversales prioritarias

Existen cinco áreas prioritarias de acción en la agenda legislativa para crear el entorno adecuado para la construcción de confianza y un ambiente que favorezca el bienestar de todos los venezolanos:

La estabilidad macroeconómica. Para que en Venezuela exista un clima de confianza para el emprendimiento y la inversión, es fundamental que el comportamiento de variables como el crecimiento, el valor de la moneda y particularmente la inflación, sea previsible. Pero más allá de eso, la estabilidad macroeconómica es fundamental para que el crecimiento sea duradero. Cualquier política que busque reducir la pobreza, promover la innovación, la educación, el empleo o incrementar el bienestar social, sería poco perdurable sin esta condición. Algunas normas que se deben modificar para contribuir a la estabilidad macroeconómica son: el Presupuesto Nacional, para garantizar que el gasto público se ejecute de manera organizada, eficiente y transparente; la Ley del Banco Central, para fortalecer su autonomía, tal que cumpla con ser garante de la estabilidad de precios; los Convenios cambiarios, para que obtener divisas no sea un proceso burocrático y arbitrario, sino una transacción fundamentada en las necesidades y la fortaleza de cada uno de los sectores de la economía.

Regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción. Tratar de centralizar en el Estado la toma de todas las decisiones económicas, es una tarea que en la práctica -en el mundo, y a través de la historia- se ha demostrado no solo imposible, sino también causante del deterioro del aparato productivo y del bienestar de la población. Las normas no deben atentar contra la sostenibilidad de la producción, y algunas de las que es más urgente modificar en este sentido son: la Ley de costos y precios justos, que ocasiona retardo regulatorio e incertidumbre, y por ende desestimula la producción, lo que se traduce en el empeoramiento de los problemas de inflación y escasez; la Reforma del sistema judicial, para que los procesos judiciales sean más efectivos y rápidos; el Régimen de inversiones extranjeras, que actualmente genera un trato discriminatorio a las inversiones extranjeras versus las inversiones locales; la Ley antimonopolio, que debería estar bajo los parámetros de la promoción de la competencia y la productividad; la regulación en mercado de capitales, que debe incentivar la financiación de empresas y proyectos de inversión; y la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, pues la existencia de varios tipos de cambio ocasiona muy importantes distorsiones financieras, contables y fiscales

Un sistema tributario eficiente. Los impuestos que recauda el Estado le permiten ejecutar sus programas, proyectos e inversiones, pero son también una carga para las personas y las empresas. Cuando los procesos de pago son engorrosos, la carga fiscal es muy alta o se modifican continuamente los pagos que se deben hacer, el marco tributario se convierte en un desincentivo a la inversión. En Venezuela se necesita llevar a cabo un proceso de armonización fiscal, que revise y ordene los impuestos nacionales, estatales y municipales, a los que se suman las más de 20 contribuciones y aportes parafiscales, afectando la competitividad de las empresas. Se deben revisar el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley del Impuesto Sobre La Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Contribuciones Parafiscales. Estas normas tributarias deben garantizar el derecho a la defensa de los contribuyentes, simplificar y aclarar los procesos de pagos y retenciones, y asimismo, permitir y aclarar los posibles mecanismos de incentivo a la producción local y la exportación.

Empleo digno. Las regulaciones laborales deben proteger a los trabajadores sin sacrificar la productividad de las empresas y su posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. El empleo digno no se trata solo de la permanencia de un trabajador en un puesto, sino que comprende sus posibilidades de crecimiento, y el aumento de los beneficios y remuneración de acuerdo a su esfuerzo. El Estado debe promover la capacitación, la recuperación de la institucionalidad sindical e impulsar la seguridad social. Una legislación laboral debe ser equilibrada para poder ser efectiva, así que la Ley Orgánica del Trabajo, sus reglamentos, y las normas de seguridad social, deben ser el resultado del debate nacional.

Reducción de la burocracia y simplificación de trámites. Eliminar obstáculos a la producción pasa por eliminar trámites que en nada contribuyen con el bienestar de la población. Una norma debe revisarse –para ser modificada o eliminada- cuando: el trámite no tiene propósito claro para los objetivos del Estado; la regulación es obsoleta o no tiene utilidad futura; hay duplicidades o contradicciones; tiene fallas de diseño, tal que no se puede aplicar efectivamente; no genera valor agregado; el trámite genera información poco relevante para el Estado; o la regulación va en contra de la elección del consumidor o las necesidades del mercado.

Las reformas sectoriales prioritarias

Debemos frenar el deterioro y promover la reactivación de aquellos sectores que están más vinculados a las dificultades que actualmente perjudican más al bienestar, y además constituyen las mayores fuentes de generación de empleo y tienen capacidad de impulsar el desarrollo de otros sectores en cadena: el sector agropecuario, la construcción, la manufactura, el comercio, el turismo, los seguros y la banca.

Reiteramos nuestro Compromiso con Venezuela

Como empresarios, reiteramos nuestra disposición a trabajar por el bienestar de los venezolanos. Por eso asumimos la responsabilidad de señalar que las reformas que contribuirán al fortalecimiento de nuestra economía. Esperamos que nuestros reguladores tengan la voluntad necesaria para hacer los cambios más urgentes. La oportunidad está a nuestro alcance.

Por Deisy Buitrago

dbuitrago@dinero.com.ve