Hacer empresa en Venezuela

La compañía o empresa comercial tal cual la conocemos hoy día es una institución de reciente data cuya legislación constitutiva se desarrolló en Europa entre finales del Siglo XVIII y mediados del Siglo XIX. Siendo el producto combinado del espíritu democratizador de la Revolución Francesa y del empuje emprendedor de la Revolución Industrial inglesa, la nueva legislación introduce el novísimo principio de la libre incorporación; esto es, el principio de que cualquier grupo de personas que desee emprender un negocio puede registrar una empresa (previo a ello, las compañías se creaban por decretos de Estado). Estos desarrollos legales se fundaron en la idea de que la empresa privada es un mecanismo altamente efectivo para la producción de bienes y servicios y la generación de riqueza. Y es un hecho que la libre incorporación le dio rienda suelta al espíritu emprendedor y ha sido la principal fuente del dinamismo y crecimiento económico experimentado por el mundo en los dos últimos siglos.

Desde muy temprano en su historia republicana, la sociedad venezolana reconoció las ventajas de contar con una legislación comercial moderna: en 1862 se promulgó un código de comercio inspirado en el código francés. Sin embargo, esto no ha significado que al día de hoy hayamos logrado constituir un sector empresarial tan socialmente eficaz como quisiéramos. Los últimos 25 años han sido particularmente críticos, en el peor sentido, para la contribución de la empresa privada al desarrollo de nuestro país.

Cuando digo que en Venezuela el sector empresarial “no ha sido tan socialmente eficaz como quisiéramos”, significa varias cosas: 1) que el sector privado no ha logrado generar un número suficiente de buenos empleos (de allí el empleo informal); 2) que mucha de la inversión que se realiza en emprendimientos empresariales tiene miras de corto plazo en vez de miras de largo plazo, lo que le resta protagonismo a las empresas en lo referido a su contribución al desarrollo nacional; 3) que las empresas más “exitosas” en la última década han sido las llamadas “empresas de maletín”, más propias del llamado “crony capitalism” o “capitalismo malandro” que del ideal moderno, conocido como “capitalismo social de mercado”; 4) que no hemos logrado establecer conglomerados empresariales internacionalmente competitivos, e incluso que los pocos que teníamos (como el de la telenovela y el de reinas de belleza) se han mudado a otros países; y finalmente, 5) que las pequeñas y medianas empresas que componen el grueso del sector empresarial en Venezuela, tienen como principal característica una muy baja productividad.

La principal causa de esta situación yace en un entorno adverso, producto de políticas públicas e instituciones estadales contraproducentes: la poca transparencia en las licitaciones; la ambigüedad en la normativa legal y el exceso de discrecionalidad en las burocracias; una regulación que solo puede ser costeada por grandes empresas y que empuja a las medianas y pequeñas a una situación de informalidad y sub-legalidad; el poco apoyo del Estado en el área de la investigación y desarrollo; la inseguridad jurídica; la inseguridad física; la mala infraestructura de transporte y servicios; las distorsiones de precio; la inestabilidad macroeconómica. Estos problemas siempre han existido en Venezuela, pero se han agudizado de manera exponencial en la última década como consecuencia de un progresivo deterioro de la institucionalidad pública y una abierta hostilidad del liderazgo gobernante hacia la institución de la empresa comercial libremente constituida.

En la actualidad, para esa mayoría de empresarios venezolanos honestos y comprometidos con el país y los pueblos y ciudades donde residen, hacer empresa apostando al futuro se ha convertido en un acto de heroísmo. Pero no basta con la presencia de un gobierno “amigable” hacia el sector empresarial. Para que la empresa comercial se convierta en fuente de prosperidad para todos en Venezuela, los líderes de nuestra sociedad deberán realizar los cambios profundos en la institucionalidad pública requeridos para resolver los problemas arriba mencionados.