Rosa Orozco: En Venezuela no investigan a quienes dan la orden de disparar contra civiles

Desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, cuatro venezolanos participaron en una audiencia para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde presentaron irregularidades en cuanto al proceso judicial, el uso de represión durante las protestas y las amenazas contra la Asamblea Nacional electa en el 2015.

Orozco, madre de Geraldin Moreno (+), asesinada durante las protestas pacíficas registradas en febrero de 2014, relató cómo efectivos de la Guardia Nacional dispararon perdigones a quemarropa contra su hija, quien se encontraba con “una bandera en la mano y parada en la puerta de su casa, ejerciendo su derecho a protestar”, aseguró. Orozco habló en nombre de “las familias de las 43 víctimas del 2014 y 123 del 2017. Estas voces que no han podido ser escuchadas en Venezuela porque no hay Estado de derecho, hoy están siendo escuchadas acá”.

Según Rosa Orozco, el caso de Moreno es responsabilidad de “una orden dada a los militares, la orden de disparar contra los que estaban manifestando. En el destacamento que entró a nuestra urbanización estaban 24 Guardias Nacionales, uno de ellos tomaba fotos durante las manifestaciones, pero no las tomó cuando pasó lo de mi hija. Otros dos fueron quienes dispararon la primera vez en la pierna y la segunda vez en la cara a quemarropa contra mi hija, produciéndole pérdida del 90% de la masa cerebral”. Asimismo, destacó que en varias oportunidades ha solicitado a las autoridades nacionales que se investiguen a todos los que formaron parte de dicho destacamento, pero no ha recibido respuesta. “Aquí no se sabe ni se investiga a quien da la orden de matar, de disparar contra los que manifiestan pacíficamente, contra venezolanos inocentes”, agregó.

La crisis humanitaria fue otro de los temas en sesión de este lunes. Isaías Medina, ex ministro consejero de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas presentó las cifras sobre desnutrición, enfermedades como malaria, tuberculosis y escasez que afectan a los venezolanos. “Según el Observatorio de Cáritas en 2016 murieron 30 mil neonatos. La desnutrición es de 9 kilos promedio por venezolano, el 80% de niños menores de 8 años se encuentran en un cuadro de desnutrición infantil. Se registra también el aumento de 66% en mortalidad materna, 85% de carencia de medicinas, también carencia de material médico quirúrgico en un 97%. En Venezuela el 52% de la población se encuentra en pobreza extrema”, informó.

Medina aseguró que “la manipulación de información, la censura generalizada, ocultación de información, omisión, obstaculización y la negación de la crisis humanitaria se configura como otro crimen de lesa humanidad cometido por el presidente Nicolás Maduro”.

En representación del poder judicial venezolano, Ralenis Tovar, ex juez de la Zona Metropolitana de Caracas, hizo énfasis en el caso del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, cuyo proceso judicial estuvo viciado, debido a que se ordenó su detención sin investigación previa ni derecho al debido proceso. Tovar manifestó que en Venezuela no se respetan los derechos ni procesos consagrados en la Carta Magna y se refirió al encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni, considerándolo como una detención “que hizo el gobierno de Hugo Chávez para castigar a quienes no cumplieran sus órdenes”.

En cuanto a la situación actual de la Asamblea Nacional electa por los venezolanos, el diputado Armando Armas, denunció los constantes ataques no solo contra el poder legislativo (atropellado por el TSJ, el cual asumió sus facultades), sino también contra cada uno de sus representantes. “Desde el 5 de enero de 2016, el parlamento ha sufrido al menos 215 ataques y los diputados de la Unidad Democrática hemos sido objeto de 90 casos de agresiones físicas, de las cuales 67 han sido perpetradas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana durante las protestas de calle. También hemos recibido más de 40 amenazas. Esto es un ejemplo de la persecución y el asedio sistemático del régimen chavista contra el único poder legítimamente constituido en Venezuela”.

El parlamentario expuso la situación actual del diputado Gilber Caro, encarcelado desde el mes de enero, bajo condiciones de aislamiento en el centro de procesados Nuevo Hombre Libertador. Así como también, se refirió al caso de los diputados Wilmer Azuaje y Renzo Pietro, encarcelados bajo condiciones similares.

En esta audiencia, se expuso también el ataque contra los 33 magistrados designados por la Asamblea Nacional, para sustituir a los jueces elegidos por el Ejecutivo nacional. Entre las denuncias que se relataron está el exilio forzado del presidente de la Sala Penal, Pedro Troconis y el encarcelamiento del también abogado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, Ángel Zerpa, detenido y presentado ante un tribunal militar por supuesto delito de traición a la patria.

Los casos presentados durante las sesiones públicas y las presentadas desde Venezuela por parte de la activista por los derechos humanos, Lilian Tintori de López, junto a familiares de presos políticos y caídos, “pueden ser analizadas como un patrón sistemático de violaciones de derechos por parte del Estado contra los venezolanos”, según lo ha afirmado Tintori.

Con esta investigación, la OEA busca discurrir si el caso de Venezuela debe ser remitido a la Corte Penal Internacional. La próxima audiencia será el 17 de octubre y se estima que participen los alcaldes David Smolanski y Omar Lares, la madre de Marco Coello, Doris Coello y Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en el exilio.