Ley de Precios Justos "declara delincuente al empresario"

La tarde de este jueves Fedecámaras introdujo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley Orgánica Precios Justos, por ser considerada inconstitucional por el gremio empresarial.

Jorge Roig, presidente de Fedecámaras,  detalló que se solicitó la nulidad de todo el instrumento legal. “Estamos pidiendo medidas cautelares para toda la ley, paralización inmediata de toda la ley. No es rescatable en su más mínima redacción”. Opinó que la legislación cuya “atenta contra los principios elementales de las libertades económicas establecidas en la Constitución de la República (…). Solamente al haber declarado de utilidad pública toda la actividad económica (…), para Fedecámaras es una responsabilidad dejar esto (solicitud de nulidad) para la historia”.

El recurso de 98 páginas introducido en la Sala Constitucional de TSJ rechazaría de manera especial los artículos de la ley  que refieren a las penalizaciones y las estructuras de costos.

“El artículo 49 (tiene) unas penas desproporcionadas, donde de persigue mucho más y se declara delincuente al empresario que incumpla con la ley, sin el debido derecho a la defensa. Aquí se violan algunos aspectos elementales no solamente del ser humano sino también de los principios y libertades económicas consagradas en nuestra  propia Constitución”, afirmó.

Apuntó que “en este país no hay control de precios. Lo que hay es imposición de precios. Si hubiera control de precios, se hubiera revisado y refinado las estructuras de los precios con el tiempo. Aquí hay algunos precios aislados (hace) tres años”.

 “Esperamos justicia del tribunal supremo de justicia en los próximos días”, dijo Roig.

Mesas de diálogo

Con respecto al mantenimiento de las mesas de diálogo con el Gobierno nacional mientras a la vez que se introduce el recurso de nulidad de la ley, el líder gremial consideró: “ciertamente estamos sentados en una mesa de diálogo, pero el camino que nos deja la Constitución venezolana es recurrir por las vía ordinarias a las que todos los venezolanos tenemos derecho”.

No descartó que a través de las mesas puedan ir evaluando y “flexibilizando” algunos aspectos de la normativa, mientras el tribunal supremo no se pronuncie.