Fedecámaras: Gobierno debe normalizar situación fronteriza

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, (Fedecámaras), manifiesta su desacuerdo y preocupación por la forma en que se ha llevado a cabo la decisión del cierre de frontera aprobada por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, que estableció el estado de excepción en diez (10) municipios del estado Táchira.

La decisión ha traído, en primer lugar, impactos negativos sobre el intercambio comercial existente entre Venezuela y Colombia –que durante el primer semestre de este año ya había reportado una caída del 38%-, y que puede agravar la crisis económica en el corto y mediano plazo. Y en segundo lugar, no menos importantes, son los impactos sociales que la medida está ocasionando en la zona fronteriza, dada la integración históricamente existente entre los habitantes de ambas naciones.

Tanta o más preocupación genera en el gremio empresarial la posibilidad de que el estado de excepción se extienda a otros estados y municipios del país, pues ello profundizaría la crisis económica que en la actualidad encaramos los venezolanos. Si el cuadro económico que se intenta revertir es de recesión, alta escasez y elevada inflación, es claro que la eventual extensión del estado de excepción hacia otras zonas del país terminaría agravando los impactos de estos problemas económicos.

Fedecámaras exhorta al Estado venezolano a normalizar la situación de la frontera a la mayor brevedad, con el objetivo de restablecer un clima de estabilidad propicio para la recuperación económica del país. Proponemos canalizar la polémica por intermedio de las Comisiones Permanentes de ambos países y crear las condiciones para promover un compromiso económico binacional, mediante la oportuna diligencia de las Cancillerías, por un lado, y la reunión de los gremios empresariales venezolanos y colombianos, por otro.

El cierre abrupto de la frontera colombo-venezolana, que posee uno de los flujos poblacionales más dinámicos de Latinoamérica, ha tenido entre sus consecuencias:

a) la paralización de los auxiliares aduaneros por el cierre de operaciones del comercio binacional, sector que representa no menos de 100 empleos directos y alrededor de 150 empresas debidamente constituidas y autorizadas por el SENIAT para su operatividad 

b) la paralización del intercambio legal de bienes y servicios, no solo de los habitantes de la frontera, sino también del sector productivo nacional que depende de materias primas, componentes o bienes, cuya importación se realiza a través de los canales terrestres de San Antonio del Táchira y Ureña. Sin estos insumos, muchas líneas de producción podrían detenerse en los próximos días, complicando aún más la crítica situación de desabastecimiento y escasez.

El cierre de la frontera paraliza el comercio legal, genera pérdidas económicas y sociales, produce déficit fiscal en las aduanas de los pasos fronterizos y estimula aquello que pretende combatirse: la ilegalidad.

El gremio empresarial exhorta a restablecer el intercambio comercial, el ingreso de ciudadanos colombianos que hacen turismo en el país, garantizar el respeto a la Constitución y a las normas del derecho internacional e implementar la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio, como régimen productivo que permita el desarrollo de la producción, la generación de empleo y estimule la inversión privada y pública.

Fedecámaras no se opone a que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para mejorar preservar la soberanía e integridad territorial, pero el cierre de la frontera no es una medida capaz de estimular la recuperación económica del país y frenar el contrabando, pues solo limita la actividad comercial de la mayoría de los habitantes de la región.

Mientras en Venezuela se mantengan las distorsiones generadas por la rigidez de los controles de cambio y de precios, no se podrá combatir eficazmente el contrabando. La dura crisis económica que experimenta el país en la actualidad demanda un cambio de dirección de la política económica del gobierno nacional. Requiere de un esfuerzo decidido por parte de las autoridades para estimular una reactivación del aparato productivo nacional. Y ello pasa por adecuar el desempeño gubernamental y el marco regulatorio a las necesidades de la sociedad venezolana de hoy.