Blanqueo de capitales de Venezuela en caso Andorra alcanza unos US$4.200 millones

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que en las próximas horas los fiscales 93° y 52° nacionales imputarán a Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, presuntamente vinculados con la trama del blanqueo de capitales realizada a través de la Banca Privada de Andorra.

Salazar fue detenido el pasado viernes 1° de diciembre en horas de la noche en Caracas por funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, mientras que Luongo fue aprehendido al siguiente día en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Durante un encuentro con los medios de comunicación social efectuado en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, Saab agregó que estos serán imputados ante el Tribunal 6° de Control del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

Dichos hombres fueron detenidos por ser parte de una organización criminal de carácter internacional que estaría integrada por unas 40 personas, entre estas exfuncionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales, así como del Ministerio de Energía y Petróleo.

Añadió que ese grupo utilizó más de 40 empresas fantasmas para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción, y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios.

El Fiscal General explicó que el dinero de esas cuentas provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales que contrataron con el Estado venezolano, y donde Salazar fungía como intermediario para efectuar operaciones fraudulentas.

Destacó que entre 2011 y 2012 se habría blanqueado la cantidad de 1.347 millones 339 mil 972 euros. No obstante, de acuerdo con los informes de inteligencia esa red habría funcionado desde 2006. De allí que se estima que el monto del dinero blanqueado puede alcanzar 4.200 millones de dólares, todo ello en perjuicio del patrimonio nacional.

Indicó que una de las empresas con las que actuó Salazar era Antigua Omega Inc, representada por su familiar José Enrique Luongo. Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización por una cifra cercana a 192 millones de euros y transfirió montos por casi 193 millones de euros a una compañía perteneciente a Diego Salazar.

“Esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra, que ayudó obviamente a formar, a constituir estas empresas, y aceptó realizar transacciones sin ningún tipo de respaldo”, acotó.

Explicó que en este caso está vinculado Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica y exfuncionario de Pdvsa, quien está privado de libertad en España y se espera que ese país facilite la extradición.

La solicitud de dicho procedimiento es por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

A Villalobos, quien sería el segundo cabecilla de la aludida organización, se le vincula con 13 empresas fantasmas que entre octubre de 2011 y octubre de 2012 recibieron 196 millones 918 mil 224 euros.

En ese sentido, destacó el cobro de una comisión millonaria que habría beneficiado a Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes, la cual fue hecha por la estatal petrolera en marzo de 2008.

Villalobos lideró dicha compra mientras trabajaba en la Oficina de la Presidencia de Pdvsa y a través de una empresa fantasma denominada Lomond Overseas S.A., cobró 10 millones de dólares de comisión por la adquisición que se materializó finalmente por 201 millones 500 mil dólares.

Del mismo modo, arregló el pago de 15 millones de dólares para una compañía intermediaria en dicha transacción.

“Venezuela es la directamente perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y es legítima la entrega en los términos que manda la ley de este ciudadano para que sea procesado en nuestro país; y lo más importantes es que estos capitales sean repatriados a Venezuela. Estos montos no tienen por qué estar ni en Andorra ni en paraísos fiscales, deben estar en nuestro país”, dijo el máximo representante del Ministerio Público.

Cierre de una época

Para el Fiscal Saab el referido caso simboliza el cierre de una época en la que sujetos aliados a una empresa, con un gran poder financiero como Pdvsa, intentaron desfalcar al país.

Recordó que la trama de Andorra ocurrió entre los años 2011 y 2012 y el caso supuestamente fue investigado. Sin embargo, el expediente fue cerrado; “se ordenó echarle tierra al caso de Andorra y tenemos las pruebas de que eso fue así”.

Argumentó que en esa oportunidad unos abogados trajeron un cúmulo de indicios, pero se les ordenó cerrar la investigación, por lo que se presume que la ex fiscal general de la República protegió a esta organización criminal.

Aseveró que en marzo de 2015 se divulgaron los informes de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos. Sin embargo, las acciones no tuvieron impulso procesal en el Ministerio Público de entonces, por el contrario se protegió a Diego Salazar y a toda su mafia delictiva.

Saab dijo que se pretende silenciar este caso por parte de sectores interesados que buscan distorsionar lo que se hace, y crear falsas matrices para que no se avance. En ese sentido, denunció como cómplices de la corrupción en Venezuela a quienes han querido desvirtuar la lucha contra ese flagelo.

Buque fantasma

En su comparecencia el máximo representante del Ministerio Púbico develó uno de los contratos más corruptos en la historia de Pdvsa. Se trata del barco “Petro Saudi Saturn”, el cual fue alquilado en el año 2010 para la explotación de gas costa afuera, en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.

Informó que el fiscal 17° nacional solicitó órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10° de Control para quien era el presidente de Pdvsa Servicios, S.A, para la fecha de los hechos, Romer Antonio Valdez Prieto, así como para los directores de Pdvsa Servicios, S.A., Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

Las seis personas habrían incurrido en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de procesos licitatorios

Manifestó que el Ministerio Público procederá a requerir la práctica de una experticia contable con la finalidad de determinar el daño causado al patrimonio del Estado.

El Fiscal General explicó que antes de ser alquilada la embarcación se le realizó una inspección en la Isla de Malta, donde la empresa transnacional Moduspec dejó constancia en su informe que la misma tenía cerca de 200 desviaciones, que le imposibilitaban perforar en aguas de costa afuera.

Acotó que el barco es propiedad de la empresa Petro Saudi Oil Services, Limited, constituida en una isla del Caribe y que no poseía historial de trabajos en perforación costa afuera.

Esto evidenció que Pdvsa Servicios informó falsamente sobre las características del barco y escondió las deficiencias que tenía, seleccionó una empresa petrolera que no tenía experiencia en el ramo de la exploración y otorgó el contrato por adjudicación directa sin estudiar otras ofertas, en términos perjudiciales para industria petrolera venezolana.

El Fiscal General añadió que se hizo un contrato por siete años, cuando lo usual es que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres años. Además se pagó una tasa diaria de casi 461 mil dólares por el alquiler, cuando en el mercado internacional mejores embarcaciones recién construidas y de alta tecnología, tenían una tasa diaria máxima de 350 mil dólares.

Resaltó que naves similares al Saturn podían alquilarse por una tasa diaria de 270 mil dólares.

El monto total del contrato de alquiler fue de 1.175 millones 300 dólares, suma que se pagaría aunque el barco no trabajara. Si este operaba el valor a cancelar sería 1.302 millones 645 mil 900 dólares.

Esto debido a una cláusula que obligaba a Pdvsa a pagar el 95% de la tasa diaria de la embarcación, aún cuando estuviera inoperativa. Reveló que durante el acuerdo el barco Saturn estuvo 60% del tiempo inoperativo.

Además el contrato tenía una cláusula que establecía un aumento de 3% anual del costo de alquiler. En ese sentido, Saab indicó que el barco fue contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, y solo explotó cuatro pozos, por lo que, en resumen, solo produjo pérdidas a la estatal petrolera.