Se prevé deterioro de la infraestructura comercial por regulación

Hoy fue oficializada en Gaceta N° 40.305, de fecha viernes 29 de noviembre de 2013, la disposición transitoria de la Presidencia de la República que regula la renta de todos los espacios arrendados para el desarrollo de actividades comerciales en el país y establece que la renta de los mismos deben tener un monto máximo de 250 bolívares por cada metro cuadrado del mismo.

El decreto además prohíbe el cobro del canon arrendaticio en moneda extranjera, así como el cobro de valores agregados intangibles, tales como la reputación de la edificación u otros similares. Elimina además el pago de cuotas con base en el porcentaje de ingresos de la empresa arrendada o el ajuste periódico del alquiler durante la vigencia del contrato. Queda prohibido también el cobro de multas al arrendatario por concepto de apertura o cierre del establecimiento fuera del horario establecido o por la modificación o no de vitrinas y exhibiciones.

El artículo 2 precisa que esta regulación será aplicada a "inmuebles constituidos por locales o establecimientos en los que desarrollen actividades comerciales en edificaciones de viviendas u oficinas, edificaciones con fines turísticos, galpones, oficinas, edificaciones de uso educacional, edificaciones de uso médico asistencial, centros comerciales y, en general, cualesquiera clases de locales o establecimientos destinados al funcionamiento de actividades económicas, comerciales, productivas o de servicios"

En el marco de la Habilitante

La medida es de carácter transitorio, hasta la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos, la cual será anunciada en las próximas dos semanas por el Ejecutivo nacional, según la información ofrecida por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. El jefe del despacho habitacional, indicó que el contenido del articulado incluye consideraciones para el cálculo de las rentas según las características de la infraestructura, ausentes en el decreto extraordinario.

Según lo informado por Molina, para la estimación del “precio justo” del alquiler de cualquier espacio dedicado a la actividad comercial se tendrá en cuenta el tipo de edificación, la calidad de la infraestructura, la ubicación geográfica, el tiempo de vida útil de la construcción, el costo original y la rentabilidad lógica normal que debería tener la actividad de alquiler de inmuebles. “Los alquileres deberían tener una incidencia de entre 5% y 10% de la composición del costo, no más que eso" agregó Molina.

Consecuencias

Tanto la disposición transitoria como la Ley que será promulgada en las próximas semanas han generado una gran incertidumbre entre la población sobre el futuro del mercado inmobiliario en Venezuela, por lo que distintos sectores guardan cierto recelo ante dichos instrumentos. En muchos casos se teme la desaparición de espacios para la actividad comercial en calidad de arrendamiento o bien la disminución en la calidad de estos, sin mencionar el deterioro de los servicios que se ofrece tanto al comerciante como al consumidor.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, expresó su preocupación ante la situación, pues a su juicio podrían desaparecer los locales en alquiler tal como sucedió con las viviendas en condición de arrendamiento luego de la promulgación de la ley que reguló tal actividad. Martini asegura también que tomar tal decisión, solo el caso de los centros comerciales, es poco pertinente ya que solo entre el 10 y el 12% de los comercios del país se ubican en este tipo de edificaciones.

El dirigente gremial aseveró además que una nueva regulación solo generará mas distorsiones en el ya distópico mercado venezolano, el cual conllevaría a diferencias muy amplias entre la valorización del inmueble y lo impuesto por la ley. “Los condominios de edificios y centros comerciales comenzarán a ahorrar en vigilancia, servicios y mantenimiento de infraestructura y equipos; esto conduce al deterioro y empobrecimiento de toda las edificaciones con fin comercial de la nación”, cerró Martini.

El Gobierno anunció el fin de semana que hoy se iniciaría la fiscalización de las administradoras de los centros comerciales para asegurar que se haya notificado las nuevas tarifas de arrendamiento a sus locatarios.

Ángel Mujica

amujica@dinero.com.ve