La corrupción inhabilita

En el último Índice de Percepción de la Corrupción 2012 presentado por Transparencia Internacional, Venezuela ocupa el puesto número 165 de un total de176 países estudiados. En América comparte el último puesto con Haití, ya que ambos obtuvieron una calificación de 19 puntos.

La corrupción no es una creación de la V República, es un cáncer que ha enfermado a Venezuela durante años, obscureciendo su desempeño económico, dilapidando sus recursos y frenando su desarrollo. Pero en los últimos años, la proliferación de controles y obstáculos administrativos han sido caldo de cultivo para nuevas y sofisticadas formas de corrupción que se han convertido en la regla. Los controles son un incentivo fenomenal para la corrupción. Cuanto más control y más trabas burocráticas, mayor corrupción.

Ambos -controles y trabas- se inventan justamente para que "no haya más remedio" que caer en la corrupción que, normalmente, es propuesta por los funcionarios intermedios. La novedad aquí es que quienes los proponen son los funcionarios superiores y de ese modo-¡Bingo!- han logrado "auspiciar" y de hecho "autorizar" la corrupción de sus subordinados, e incluso, de quienes están sometidos a los controles; empresas y ciudadanos, quienes en la búsqueda de los recursos o bienes controlados, caen en el juego perverso del poder mal manejado.

Ahora, después de 15 años de fomento a la corrupción, se pretende “frenar” lo que se ha convertido en una cultura gubernamental, mediante una Ley Habilitante – aunque los analistas políticos consideren que esta solicitud es en realidad una excusa para arreciar la persecución política –, la cual se ha ondeado como una bandera de lucha en contra de la corrupción.

Pero no hacen falta poderes especiales para desmontar las mafias que actúan a la sombra del Estado; primero hace falta voluntad política para empezar a cumplir el marco legal vigente existente, compuesto por la Ley contra la Corrupción, el Código de Ética del Funcionario Público, el Código de Ética de Jueces, la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley del Estatuto de la Función Policial.

Luego, la organización Transparencia Venezuela propuso recientemente en el documento Programa Anticorrupción Venezuela 2013-2019, cinco acciones concretas que podría ejercer el Estado para erradicar o al menos, disminuir este flagelo: mayor y mejor información sobre las actividades gubernamentales y servicios prestados a la ciudadanía; entidades y funcionarios que respondan sobre sus decisiones y acciones; manejo transparente de las finanzas públicas: presupuesto, endeudamiento, contrataciones y empresas públicas; contralorías, participación ciudadana y contrapesos estatales que realmente funcionen; y por último, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

El venezolano no tiene por qué “vivir con ella” ni justificar su existencia. La corrupción es una situación de abuso de poder que no tiene por qué ser tolerada, pues se traduce en el favoritismo a ciertos sectores de la población para acceder a recursos, programas y subsidios controlados por el Estado; en el deterioro de la educación, la salud, los servicios públicos al malversar los fondos; en definitiva, en pérdida de competitividad y freno al progreso, tal y como lo demuestra el último índice de competitividad 2013-2014 publicado en Ginebra por el Foro Económico Mundial (WEF), en el cual Venezuela ocupa el puesto 134 de 148 países estudiados, descendiendo ocho escaños respecto al estudio anterior (Vea Primera Página “Despierta Venezuela”, en DINERO 283 de Julio-Agosto de 2013).