28 muertos dejó el mes de protestas

Este jueves, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, intervino en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Durante su alocución afirmó que tras un mes de protestas en Venezuela han fallecido 28 personas y 365 han resultado lesionadas.

En este orden, al referirse a los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 12 de febrero, alrededor de las instalaciones del Ministerio Público en Caracas, Díaz apuntó que el “incidente fue el comienzo de una serie de protestas no pacíficas que han traído como consecuencia la muerte de 28 personas, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y tres guardias nacionales, además de 365 lesionados, de los cuales 250 son civiles y 109 son funcionarios policiales y militares”.

Aclaró además que 1.347 de los aprehendidos por estar presuntamente incursos en hechos de violencia han recibido el beneficio de las medidas cautelares de libertad, mientras que solo 106 han sido privados de libertad en virtud de la gravedad del delito que se les ha imputado; y a otros 46 se les ha otorgado libertad plena. Así mismo, informó que todas las personas detenidas han sido presentadas dentro del plazo de 48 horas siguientes a su aprehensión, “que es el lapso establecido en la legislación venezolana, y previa realización de los exámenes médicos forenses respectivos”, expuso nota de prensa.

La funcionaria ssubrayó que el derecho a manifestar, como todos los derechos, no es absoluto, tiene también límites, y esto son los que vienen dados por los derechos humanos, fundamentales de los otros, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, a la integridad personal y, por supuesto, el derecho a la vida.

Puntualizó que el derecho a manifestar es un mecanismo establecido y garantizado constitucionalmente y que debe ser ejercido en forma pacífica. Sin embargo aclaró que, “en caso que pretenda utilizarse para cometer delitos, el Estado tiene el deber de defender a los ciudadanos y aplicar sanciones a los infractores de acuerdo con lo que establezcan las leyes”.

Investigación por violaciones de DD.HH.

“Hemos atendido a quienes han denunciado haber sido víctimas de maltratos durante el proceso de detención; y una vez tomada la denuncia, de inmediato se ha dado inicio a la investigación a través de los fiscales especializados en protección de derechos fundamentales”, dijo la Fiscal General.

De esta manera, señaló que se han iniciado 42 averiguaciones penales contra funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado que se presumen como responsables en la violación de los derechos humanos, destacó que de las personas privadas de libertad, 14 son funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad que estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos, explicó el comunicado.

La fiscal también informó en la ONU que en el marco de las manifestaciones se han incautado 25 armas de fuego, así como material C4 y más de 200 artefactos incendiarios.