William Contreras: Imaginario creer que los controles generan escasez

Entre marzo y mayo pasados, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) actualizó los precios regulados de algunos productos alimenticios (arroz, harina de maíz precocida, maíz, pollo, café y leche pasteurizada), de artículos de higiene personal (toallas sanitarias, pañales para bebé, jabón de baño, crema dental y papel higiénico) y de una docena de medicamentos.

La adecuación de precios regulados se lleva a cabo en el marco del denominado “Plan 50”, “que es como la columna vertebral de los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana”, dice en entrevista con DINERO William Contreras, Superintendente de la Sundde.

Contreras explica que las actualizaciones realizadas y las siguientes son resultado de los análisis que efectúa la Sundde. Fueron considerados elementos como: precios con un largo período sin revisión; incrementos en’ la estructura de costos de las empresas por la eliminación del subsidio cambiario (disminuyen o desaparecen las importaciones baratas de materias primas, insumos y bienes de capital) y por nuevas inversiones en bolívares; desconcentración en la distribución de los bienes y productos esenciales; y restricciones externas (fuerte caída en el ingresos de divisas, bloqueo financiero internacional).

¿Qué lógica tiene el precio regulado si no hay productos?

En el imaginario de un sector de la población caló la idea de que el control de precios genera desabastecimiento. No es así. El problema está en la distribución. Nosotros tenemos que controlar la distribución de los productos, asegurarnos de que no continúen los desvíos, es decir, el bachaqueo corporativo que está entre 60% y 70% de los productos disponibles que no llegan normalmente al consumidor final, sino que se desvían mediante diferentes mecanismos.

¿El problema es el desvío?

La disponibilidad o no de los productos no se refiere sólo a los regulados. Hay productos no regulados que tampoco están en los anaqueles. Las claves del bachaqueo son: productos de consumo masivo sin que importe que sean regulados o no y que, por tanto, roten rápidamente. Cuando entendemos que el problema es de rotación, lo decisivo es dónde capturamos los productos para evitar el desvío. Debe hacerse en la ruta, no en los establecimientos, sino en el desplazamiento. Ahí está la clave de nuestra actuación. Le estamos haciendo seguimiento al traslado de los productos, que es donde nos están fregando.

¿Vienen nuevas adecuaciones de precios?

Sí. Estamos revisando el precio de la carne, del pan y de las pastas alimenticias. El pan requiere una investigación previa de la actividad de las panaderías, porque es cierto que hay escasez de materia prima (Venezuela no produce trigo), pero hay una serie de prácticas económicas que nada tienen que ver con esa insuficiencia. Por otra parte, evaluamos las universidades privadas que habían realizado aumentos no autorizados de hasta 400%. Efectuamos unas actualizaciones y se las notificamos. Con el Ministerio para la Educación Universitaria estamos mirando la desviación que hay en ese sector. Examinamos los abusos que se cometen con los servicios de telecomunicaciones (TV por cable, internet, etc.). Además, algunos sectores industriales, sobre todo los que están incorporados al Consejo Nacional de Economía Productiva, están pidiendo revisión de precios. También hemos recibido denuncias acerca del incumplimiento de la Resolución 114 (Gaceta Oficial 40.452 del 11-7-2014) del Ministerio de Educación, la cual establece el procedimiento para el cálculo de la matrícula y mensualidades de las instituciones educativas. Hay que tomar medidas antes de que comience el próximo año escolar.

¿Qué significa desconcentración de la distribución?

En la actualidad, el 70% de la distribución de bienes esenciales está en manos de alrededor de 3.000 supermercados y de pocas redes de grandes cadenas de farmacias, pero los puntos de venta de alimentos y medicamentos en el ámbito nacional son 65.000, de modo que más de 60.000 puntos están por fuera de los canales de distribución. A partir de 2014, especialmente, grandes empresas como (Empresas) Polar y las transnacionales en el país decidieron dirigir la distribución hacia las cadenas de supermercados, en tanto que se la quitaban o reducían a supermercados independientes, abastos y bodegas. Pero hoy es más radical, pues la distribución la están llevando a los centros de acopio de los principales supermercados. El Gobierno decidió entonces reestructurar la Misión Alimentación y organizar el pueblo para garantizar la gobernabilidad de la distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

¿Tiene sentido controlar los precios?

En una economía como la nuestra, sometida a ataques permanentes y a una guerra no convencional, cuyo epicentro es la guerra económica, claro que tiene sentido una regulación de precios, pero eso no significa que sea inmutable. Se tiene que mover de acuerdo con la ley y en función del desarrollo del país, porque de otra manera generamos distorsiones.

¿Cuál es el grado de efectividad de las fiscalizaciones?

El presidente (Nicolás) Maduro nos ordenó reestructurar y reorganizar la Sundde. Venimos de un proceso de mucha fiscalización, pero con poca efectividad. Ahora las fiscalizaciones deben ser eficientes y con resultados concretos, es decir, logrando sanciones y la corrección de las desviaciones. Estamos tratando de ser más proactivos que reactivos. Este año van más de 16.000 fiscalizaciones eficientes a nivel nacional con unos 2.700 fiscales. Pero si no hay una incorporación orgánica del pueblo organizado en sus diferentes formas como los Clap, comité de usuarios, etc., la política de precios no es eficaz. Hay una excelente  oportunidad que es la conformación de los 15.000 Clap, con los que ya estamos avanzando en la tarea de delegación y de mapear el territorio para que puedan asumir bajo ciertas condiciones la contraloría social y un sistema de alerta temprana, es decir, que la podamos recibir en nuestra sala de mando integral y orientar así el proceso de fiscalización.

¿Hay bachaqueros presos?

Sí. No sé cuantos. Las detenciones las realizan los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las policías municipales. La Sundde no detiene gente, pero sí notifica a los cuerpos de seguridad los ilícitos que encuentra. En los operativos que la Sundde efectúa, nos acompañan,  generalmente, miembros de la GNB y la policía, de modo que si hallamos algún ilícito se procede de inmediato por flagrancia. Hasta mediados de junio, nosotros habíamos presentado unas 736 personas vinculadas a reventa, especulación y boicot. Pero la totalidad es mucho mayor dada la actuación de los cuerpos de seguridad en todo el país.

¿Qué pasa con Empresas Polar? 

Lorenzo Mendoza es el jefe del golpismo venezolano. Nosotros hemos identificado, en el proceso de seguimiento que le hacemos a (Empresas) Polar, muchos mecanismos y modos de hacer de esa empresa que son suficiente evidencia de que está en el proceso de desestabilización de la economía nacional. Sería irresponsable adelantar las acciones que está tomando el Gobierno al respecto, porque no me gustaría ponerlos sobre aviso.

Esa empresa alega el caso de los precios regulados, pero el negocio principal de Polar no puede ser afectado por esa política de precios porque esa empresa posee una canasta de productos que tiene bienes no regulados. Por ejemplo, Polar fabrica una harina de maíz mezclada con arroz, producto que llegaba, si acaso, a las bodegas, mientras que la harina de maíz regulada y no mezclada la distribuía en abultados volúmenes a los grandes supermercados. Luego, estos la venden preferentemente a restaurantes, clínicas, hoteles, etc., lo que genera una distorsión en el precio y un negocio con elevadas ganancias.

Cabe señalar que revisamos el precio subsidiado de la materia prima, de manera que decidimos remunerar con un buen precio a los productores de maíz blanco y amarillo. Pero Polar no será la que reciba esa materia prima, pues vamos a tratar de captar buena parte de esa cosecha para las 17 plantas estatales  procesadoras de harina de maíz.

¿Entonces, usted está diciendo que Polar s responsable del desvío de sus productos?      

Polar tiene un catálogo de productos que utiliza para obligar al comprador a adquirir varios productos si quiere, por ejemplo, una paca de harina de maíz. Si la persona no acepta, le quita el código y se lo entrega a otra que sí acepte sus exigencias. Eso es condicionamiento de venta. Eso sólo lo puede hacer una empresa que tenga características monopólicas y que, además, controle los canales de distribución.  

En relación con la distribución, Polar arguye que no es responsable del bachaqueo porque ella le entrega sus productos a 1.600 camioneros que tiene en el país, quienes, a su vez, son supuestas pequeñas empresas franquiciadas que Polar contrata. Pero cuando  revisamos las guías de movilización resulta que no hay un contrato de compra-venta entre Polar y la empresa franquiciada. Lo que hay es una asignación del producto. Eso en realidad no es una franquicia, sino una tercerización disfrazada.

Además, la harina de maíz que elabora es una marca de Polar y esta es, por tanto, responsable solidaria de lo que pase con ese producto sin que importe en manos de quien lo ponga. El bachaquero que vende la harina en Petare debe ser castigado con severidad, pero Polar debe ser sancionada con mayor rigor, pues Polar debe disciplinar sus canales de distribución porque es su marca lo que está en juego. La Ley de Precios Justos establece la responsabilidad solidaria de los socios, administradores y gerentes de las empresas con relación a que los productos estén disponibles en condiciones normales. Pero Polar se lava las manos y afirma que el problema es de los camioneros.

¿Quién decide los precios regulados?

La Sundde tiene en la actualidad la competencia de regular el comportamiento de los precios en coordinación con los organismos competentes en materia de políticas sectoriales como los ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, Salud, Alimentación, etc. También participa el Banco Central de Venezuela (BCV), entidad que tiene un papel central en el seguimiento de la política de precios. Nosotros hacemos la evaluación técnica de los costos reales. La Sundde está incorporada como miembro a la vicepresidencia Económica. Semanalmente presentamos un reporte acerca del comportamiento de los precios, exponemos las alertas en cuanto a eficacia de la regulación y los niveles de desacato, incorporamos el seguimiento al bachaqueo y las colas, formulamos recomendaciones por lo que corresponde a revisión, corrección  o mantenimiento de precios.

¿En qué consiste el acuerdo Sundde con la Superintendencia de Seguros? 

El convenio, que incluye a la Defensoría del Pueblo. Las denuncias están relacionadas con condicionamientos de acceso, cobros excesivos en servicios de hospitalización, limitaciones en la prestación de servicios, etc. Hemos estado efectuando un levantamiento de 115 procedimientos quirúrgicos para ir a la revisión y corrección de algunas deficiencias del diseño de regulación del año 2013, que han permitido que las clínicas incluyan en las facturas renglones no regulados. En la primera semana de junio iniciamos una jornada de inspecciones en 20 estados y en las 20 principales clínicas. También tenemos que regular el comportamiento de las compañías de seguros. Hemos detectado, además, que buena parte de los medicamentos que debían estar disponibles para la venta pública al detal, se desviaban para algunas redes privadas. Sospechamos que allí hay una reventa que sale para el bachaqueo. Es normal que las clínicas dispongan de cierta cantidad de medicamentos, pero es anormal la abundancia de inventarios que no guarda proporcionalidad con el ritmo de atención de pacientes.

Por César Contreras Altuve

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