Plan de Abastecimiento Complementario¿qué tan buena idea es?

Por lo general suele evaluarse el éxito o no de una política económica a partir de sus objetivos manifiestos: si los cumple, es buena; y si no, mala. Sin embargo, es un método erróneo, pues los objetivos manifiestos de una política económica poco o nada nos pueden decir en realidad de los resultados alcanzados, tan solo de los deseados, lo que no necesariamente y casi nunca es lo mismo, publicó el ex ministro de Economía, Luis Salas, en Aporrea.

La valoración y predicción más rigurosa que se puede hacer del resultado de una política económica parte de las herramientas de dicha política. Es igual a lo que le pasa a alguien que quiera limpiar una ventana: si lo hace con una lija en vez de una toalla o cepillo, con toda probabilidad terminará ocurriendo que no la limpiará y más bien la dañará, por más que su intención no sea esa. De la misma manera: puede que los neoliberales y los economistas convencionales en general quieran muy en el fondo de sí mismos solucionar problemas inflacionarios, de injusta distribución de la riqueza, falta de crecimiento, etc. Pero el problema no es ese: el problema es que lo hacen utilizando herramientas que causan exactamente lo contrario.

Así las cosas, del llamado Plan de Abastecimiento Complementario (PAC) puesto en práctica esta semana en el Distrito Capital, consistente en colocar a la venta productos de consumo masivo importados de Colombia y Brasil a "precios internacionales" como parte de "la lucha contra la guerra económica", lo primero que puede decirse es que parece de todo menos una buena idea. O en todo caso, que lo es tanto como limpiar una ventana con una lija o apagar un fuego con gasolina.

Seguramente sus promotores están llenos de las mejores intenciones y realmente creen que es una buena idea, que dicho plan servirá para mejorar el abastecimiento aumentando la oferta y que al colocar los precios por debajo del marcador Cesta Ocariz o Cesta Petare desestimularán el bachaqueo. Y que al desestimular el bachaqueo y aumentar la oferta, las familias caraqueñas podrán adquirir por fin normalmente los bienes que tanto necesitan. Sin embargo, son varios y muy poderosos los factores que tributan en la dirección contraria de tan buenos deseos.

En primer lugar hay algunos aspectos "técnicos" que vale la pena destacar. Uno es la circulación de productos, cuyos precios están regulados, a precios mayores al establecido por ley. No hay que ser abogado para saber que eso implica que la medida entra en conflictos con la ley de precios justos suspendiéndola de facto, o que en todo caso supone la generalización definitiva de su desacato por parte incluso del propio Estado. Esto además de que dará argumentos a todos los productores nacionales para ponerse también ellos entonces ya oficialmente al margen de la ley (inhabilitando o poniendo ruedas al ya bastante complicado trabajo de la Sundde), aduciendo –no sin parte de razón– que los pone en posición de minusvalía, siendo que los márgenes de rentabilidad de los importadores resultan mucho mayores.

Este es un punto interesantísimo, pues, como es por todos conocido, el problema histórico de los productos venezolanos ha sido más bien el contrario: que salen más caros que los importados, lo que los coloca en situación de desventaja. Sin embargo, en este caso pasa que los productos importados son muchísimo más caros que los nacionales, lo que resulta bastante complicado de entender incluso bajo el argumento de no ser subsidiados.

Y resulta complicado de entender pues siempre se nos ha dicho que el problema de la no productividad de la empresa privada venezolana es la existencia de controles, más los costos elevados representados por la mano de obra "cara". De tal suerte, si la primera vara de medición de esta supuesta distorsión son nuestros vecinos colombianos y brasileños, donde no existe ni una ni otra cosa, ¿por qué entonces ahora lo que producen allá sale mucho más caro que lo hecho acá?

Desde luego, la respuesta convencional y automática a esta interrogante es la cambiaria. Pero revisemos este argumento. En los precios que se están manejando –ver por ejemplo reportajes de La Tabla y de El Mundo– podemos destacar los casos de la harina de maíz y los pañales. En cuanto a la primera, se trata de la versión de Harina Pan fabricada por la Polar en Colombia, cuyo precio de venta marca en el PAC Bs. 1.850 el kilo. Al día de hoy, sábado 15 de octubre de 2016, el tipo de cambio en Colombia con respecto al dólar son 2.925 pesos. Y también al día de hoy en Colombia, el precio de esa misma harina de maíz marca 3.500 pesos, o sea, a precio internacional: 1,20 dólares el kilo.

Lo que esto quiere decir es que la harina colombiana que está distribuyéndose en el PAC, si la tomamos a tasa DIPRO, tiene un valor no de 1,20 dólares, sino de 185. Ahora bien, si la tomamos a tasa DICOM, que suponemos es lo que nos quieren decir con lo de no están subsidiados, la diferencia se reduce considerablemente, y sin embargo, nos está costando todavía el doble: pues en vez de 1,20 dólares el kilo como es en Colombia se está vendiendo a 2,80. La única cuenta que más o menos cuadra es cuando se toma como referencia la tasa ilegal de today, ante lo que cabría preguntar si los diseñadores de este plan reconocen como válida una tasa de cambio que el gobierno nacional, la CEPAL y a estas alturas ya hasta un buen número de opositores, han denunciado no solo como ilegal –cosa que todos sabemos– sino alejada de toda realidad econométrica.

En el caso de los pañales pasa otro tanto. Desconocemos la marca, pero en la lista publicada en El Mundo, se observan los de niños, talla G, en paquetes de 30 unidades, en Bs. 10.950. Un paquete equivalente, de pañales marca Huggies en Colombia, tiene un precio promedio de 22.100 pesos, o lo que es lo mismo, de 7,59 dólares al tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar al día de hoy. Sin embargo, los pañales que se están vendiendo en Caracas en el marco del PAC, si lo sacamos a tasa DIPRO, tienen un costo de 1.095 dólares. Pero si lo sacamos a tasa DICOM, todavía están exageradamente caros: a 16,6 dólares, lo que como vemos es más del doble de su equivalente colombiano de aquel lado de la frontera. De nuevo, el tipo de cambio que pareciera estar operando como referencia en este caso es el ilegal del today, al que el propio gobierno llama "tipo de cambio de guerra".

Si tomamos en cuenta que este plan de abastecimiento se presentó como una continuidad del llevado a cabo en San Cristóbal y en Maracaibo, donde fue muy criticado por el disparo de precios que supuso, podemos temer entonces que pueda oficialmente extenderse por todo el país, lo que por cierto ya viene ocurriendo extraoficialmente. Y decimos temer, pues además de lo ya dicho con respecto a alimentar la inflación, desacatar desde estructuras del Estado una ley por la cual se están poniendo sanciones a privados, así como dar validez de facto a tipos de cambio ilegales que el Gobierno central y organismos internacionales han denunciado como tal, lo que se está estimulando es la entrada de importaciones en condiciones de ventaja e inclusive la descolocación de la producción local, pues cualquier productor de este lado de la frontera ya habrá entendido que si así es el tema, sale mejor producir afuera para vender adentro. Es decir, la medida tomada promueve exactamente lo contrario de lo que se ha propuesto en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y los motores productivos.

Ya por último, aunque no menos importante, y por cierto puede que sea de hecho lo más importante, hay que tomar en cuenta un detalle tal vez no considerado por los diseñadores de este plan, pues no es tan obvio si bien resulta inevitable: y es que el PAC establece un precedente muy peligroso de retroceso de la democratización del consumo –conquista histórica del pueblo venezolano en tiempos de revolución– hacia la elitización del consumo. A este respecto, es como si lo que denunciamos en días pasados en este mismo portal en cuanto a la práctica de locales como Cine Citta donde se expenden como nuevos lujos productos que en realidad son de consumo masivo, hoy se convirtiera en política pública. Y es que, a esos precios ¿quiénes pueden si no los más privilegiados abastecerse vía PAC?

Pensemos el caso de los pañales. Un niño en etapa tres (G) usa –en una cuenta muy conservadora– al menos tres pañales diarios, es decir, 90 pañales al mes. Estos son tres paquetes de los expedidos vía PAC, a un monto total de Bs. 32.850. Así las cosas, estamos hablando de un monto que resulta alrededor de un 45% por encima del salario mínimo vigente (Bs. 22.576). O un 50% de un ingreso mínimo legal mensual, sumando salario mínimo más beneficio de alimentación (Bs. 65.056,60).

De más está decir que este mecanismo no sirve para resolver el bachaquerismo. Sin duda, en condiciones normales y en teoría, una persona al ver esta oferta preferirá ir al PAC que a los bachaqueros, pero también puede pasar por ejemplo que los bachaqueros vayan a comprar al PAC –para el cual no hay limitaciones– y luego salgan a la calle o a las redes sociales a revender igualito. Y es que como siempre hemos dicho, el alto precio no desincentiva a los bachaqueros, al menos no en los productos de primera necesidad. Y es que por definición, los productos de primera necesidad tienen demanda inelástica, lo que quiere decir que son muy poco sensibles al precio, dado que la gente igual los tiene que comprar. Si los bachaqueros se han especializado en esos productos no es porque estén subsidiados (que nunca lo han estado todos y ahora menos), sino porque la gente los compra porque los necesita, sacrificando otras cosas. Los bachaqueros –que ya son un modo de vida– lo saben y explotan el papel de arbitraje que han logrado consolidar ante la debilidad institucional.