Provea: Los pobres, víctimas de la ineficiencia y represión

La profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta en la escasez de extrema de alimentos y medicinas, así como en la inflación más alta del mundo son los signos distintivos de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2015, advirtió el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

"Para mayor gravedad, la respuesta del Estado se limitó a un incremento de la represión como política sistemática, lo cual solamente contribuye a debilitar aun más los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos", dijo Provea en la presentación de su informe mensual.

El organismo agregó que los sectores de menores ingresos sufrieron los mayores impactos. "Los resultados de la gestión económica del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, hicieron retroceder aún más, con respecto al año anterior, los avances sociales alcanzados".

"Con el presidente Nicolás Maduro la pobreza y la inflación han alcanzado niveles históricos, a tal punto que Provea ha caracterizado a su gobierno como una gran fábrica de pobreza y exclusión social”, se indica en el Informe Anual.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) 2015, realizada conjuntamente por la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló un incremento de la pobreza hasta  75% de la población venezolana. Según la ENCOVI cerca de 23 millones de venezolanos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades a partir del ingreso, añadiendo que por primera vez la pobreza extrema es mayor que la pobreza no extrema.

La encuesta indica que la Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas comenzó a aumentar en 2015. Según el estudio la pobreza estructural aumentó de 21,3% en 2014 a 29,1% en 2015, debido al empeoramiento de los servicios a las viviendas (reducción de 83,6% a 81,3% del servicio de agua por acueducto) y el aumento de las viviendas inapropiadas (ranchos) a 10,33%.

En materia del derecho a la salud, el Informe Anual revela un incremento de 40% en las denuncias: “Durante 2015 se contabilizó un total de 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario que registró Provea en su base de datos, lo cual representa un aumento de 40% en relación con 2014. 52% de estas denuncias estuvieron relacionadas con los elevados niveles de desabastecimiento de medicinas; 47% con escasez de dotación y equipamiento, déficit de personal, infraestructura física debilitada y cierre, paralización o suspensión de servicios en hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la Misión Barrio Adentro, y 0,7% se relacionó con problemáticas de desabastecimiento y escasez en centros de salud privados”. 

Sobre el derecho a la alimentación Provea señala: “En un contexto de desabastecimiento, escasez y regulación de los productos de la cesta básica destaca la adición de más medidas de control por parte del Estado con la instalación de un Sistema Biométrico (captahuellas) en todos los establecimientos, ya sean públicos o privados; el condicionamiento de compra de productos básicos al terminal de cédula de identidad, y la restricción en la cantidad de compra de los mismos. Asimismo el fenómeno del bachaqueo, que ya desde 2014 había comenzado a desarrollarse, se masificó en 2015, convirtiéndose en una actividad económica que permite a un sector de la población incrementar sus ingresos mediante la reventa, en el mercado informal, de alimentos y otros productos que escasean. Tal fenómeno es una consecuencia de las distorsiones económicas existentes en el proceso de distribución alimentaria”.

¿Un millón de viviendas? Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda, el año pasado  todos los entes ejecutores habrían concluido 326.323 viviendas, superando así la cifra del millón de viviendas edificadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela desde sus inicios. Pero, Provea sostiene que las propias cifras oficiales lo desmienten.

La ONG sustentó su análisis en cuatro criterios: ritmo de construcción, distribución de las obras entre entes de ejecución, disponibilidad de materiales y contratación de obreros.

En cuanto al ritmo de construcción, el informe recuerda que el ministro Manuel Quevedo, aseguró que entre los meses a octubre del 2015 se habrían levantado 79.470 casas. A partir de ese momento anunció una “operación remate”, que habría permitido que en el último trimestre se construyeran 246.853 viviendas, una cifra mayor de lo que se logró en cada uno de los años anteriores. “Un ritmo de construcción y entrega de casas tan intenso que implica 4114,2 casas diarias y 171,4 por hora”, se acota en el documento.

El fundamento más contundente del análisis de Provea proviene del Banco Central de Venezuela. El documento del BCV “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos”, correspondiente al cuarto trimestre del 2015, indica que la disminución   del ritmo de construcción  fue de -23,8%. Precisamente en ese lapso se habría ejecutado la llamada operación remate. Alguien miente: el  Ministerio de la Vivienda o el BCV.

¿Y cuántas casas construyó cada quién? La respuesta también se encuentra en documentos oficiales. La Memoria y Cuenta del ministerio registra: 1) la construcción de 875 viviendas en 56 desarrollos habitacionales pertenecientes a las Organizaciones Comunitarias de Vivienda del convenio con el Ipasme; 2) la culminación de 11.062 casas por parte de los convenios internacionales en 12 urbanismos de 5 estados del país; 3) la construcción de 258 viviendas por parte de PRODUZCA-CVP; y 4) la culminación de 3.969 viviendas a nivel nacional por parte de Inmobiliaria Nacional. El total, según el Ministerio de Vivienda, es 16.164 viviendas. Pero no se precisa quién habría construido el resto.

Sobre la disponibilidad de materiales de construcción, Construpatria S.A. afirmó que “durante el año 2015, se vio afectada en la adquisición, procura, logística, fabricación, almacenamiento y distribución del material de construcción, motivado a la guerra económica dirigida contra el gobierno revolucionario, lo que ocasionó que el mercado nacional no contara con los materiales de construcción, en las cantidades suficientes, requerido por los entes ejecutores de proyectos de viviendas”.

Por su parte, el Centro Rafael Urdaneta S.A. (CRUSA), reportó que dentro de los obstáculos encontrados se encontraba la “escasez en algunos rubros de materiales como cemento, cabillas, cerámicas, piezas sanitarias, techo, tubos estructurales, entre otros lo que ocasionaron considerables demoras en el desarrollo de viviendas en plena ejecución”.

Adicionalmente, el ministro Ricardo Meléndez aseguró que el contrabando de extracción de materiales de construcción alcanzaba a 34% de la producción.

Respecto de la contratación de obreros en el sector construcción, en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Trabajo no hay datos que respalden la contratación de trabajadores que supondría la edificación de 300.000 viviendas: “Durante el año 2015, el sector de la construcción del país, así como toda la economía sufrió los embates de una política adelantada por poderosos grupos económicos nacionales e internacionales (…) situación que afectó sensiblemente el desarrollo de la vida nacional e impacto negativamente la eficiente ejecución de proyectos”.

Impunidad estructural y respuesta autoritaria. “Junto al crecimiento de la pobreza, la impunidad estructural, como consecuencia de las irregularidades en el sistema de administración de Justicia, constituyó la segunda situación más grave de violación a los derechos humanos en el país. Se afianzó la politización del Tribunal Supremo de Justicia con una elección viciada de nuevos magistrados y se mantuvo sin castigo a una alta proporción de delitos comunes y violaciones a los derechos humanos”, se señala en el documento.

La ONG considera que la justicia continuó de espaldas a las demandas y derechos ciudadanos, siendo recurrentemente empleada como instrumento para la persecución política y la criminalización de la disidencia. A modo de ejemplo, se refiere la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal 28° de Juicio de Caracas contra el dirigente político Leopoldo López y los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González, luego de un largo proceso penal signado por denuncias de torturas y tratos crueles contra los acusados, violaciones al debido proceso y obstaculización del derecho a la defensa. Todo ello a pesar de decenas de pronunciamientos de organismos de protección de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y activistas sociales.

Ante un escenario de creciente conflictividad social e insatisfacción por la gestión gubernamental, el  Poder Ejecutivo aumentó la respuesta autoritaria frente a las demandas de la ciudadanía. Se advierte que esta actitud poco democrática continuó constituyendo, al igual que en 2014 y 2013, un serio obstáculo para el ejercicio de las libertades democráticas y los derechos de libre asociación, reunión y manifestación pacífica, entre otros.

En el Informe Anual se mencionan dos iniciativas que  evidencian el talante autoritario y represivo del gobierno. En enero de 2015 el Ejecutivo creó la inconstitucional figura del Sistema Popular para la Paz, con el objetivo de “combatir amenazas internas o externas contra nuestra Patria” y en estas labores se incorporó al llamado Poder Popular. 15 días después, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dictó la inconstitucional Resolución 008610, que permite a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Aviación, Ejército, Armada y Guardia Nacional) participar en labores de control de orden público, y el eventual empleo de la fuerza letal para controlar manifestaciones.

“La gestión del Presidente Maduro transformó la militarización tanto de la gestión pública como de las labores de seguridad ciudadana en política de Estado”, se afirma en el documento.

Provea considera que existe una doble victimización de los sectores populares: “La situación de la inseguridad se agravó en el país. Particularmente quienes viven en los barrios y urbanizaciones populares sufren más los efectos, entre otros factores, por el control territorial que mantienen grupos delictivos quienes perpetran distintos tipo de delitos. Así la población es una víctima de los delincuentes. En 2015, la tasa de homicidios oficial era de 58 por cada 100.000 personas, una de las más altas del mundo. Las políticas y planes de seguridad implementados por el gobierno han fracasado uno tras otro. Y tras cada fracaso, se recurre cada vez más a la vieja práctica represiva de las detenciones masivas, los operativos con fuerzas especiales y la militarización de las acciones de seguridad ciudadana”.

A mediados de julio de 2015, un nuevo operativo policial-militar, denominado “Operativo para la Protección y Liberación del Pueblo” (OLP) llevó más sufrimiento a las barriadas populares, incrementó las ejecuciones policiales, las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales.

El informe indica que los datos disponibles “ponen en evidencia un aumento sustantivo de la violencia policial y de los cuerpos de seguridad del estado que caracterizó de manera particular al año 2015, puesto que, si excluyéramos del registro las violaciones al derecho a la vida que resultaron de la OLP, las cifras de víctimas de 2015 no solo sería mucho menor sino que además, lejos de presentar un aumento de 23% en relación a los casos conocidos en 2014, reportaría un comportamiento decreciente de 2,27%. Si sumamos las 215 muertes registradas por Provea en contextos distintos a la OLP con las aportadas por el Ministerio Público durante el despliegue del operativo militar-policial, la cantidad de casos de violaciones al derecho a la vida en 2015 asciende a 460, lo que constituye un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre de 1989 a septiembre de 1990”.

A diferencia de las ejecuciones extrajudiciales que por décadas se han realizado en Venezuela y que desde los voceros oficiales en distintos gobiernos han definido como “desviaciones policiales”, las realizadas en el marco de los operativos OLP responden a la propia política de seguridad establecida.

“Se afianza el proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana en Venezuela, reivindicando la política de ‘mano dura’, y la definición del presunto delincuente como enemigo a aniquilar donde la lucha contra las organizaciones delictivas se entiende como una ‘guerra contra el crimen’ con la lógica del aniquilamiento del presunto enemigo”, se reitera en el documento.

Al considerar el patrón de violación, las ejecuciones continúan concentrando la mayor parte de los fallecimientos. Constituyen 88,89% del total, seguido de las muertes que resultan del uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del estado (3,70%), el uso excesivo de la fuerza (2,96%), muertes por negligencia (2,59%), y finalmente las muertes ocurridas a consecuencia de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que constituyen el 1,85% del total de víctimas conocidas.

Como en informes anteriores, el organismo  de seguridad más frecuentemente señalado como responsable de las violaciones al derecho a la vida es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), para este periodo de estudio seguido de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y, en tercer lugar, la Policía Nacional Bolivariana (PNB). No obstante, las “actuaciones conjuntas” han caracterizado muy especialmente este periodo, por lo que si bien el Cicpc es señalado (con actuaciones únicas) como responsable en el 21,48% de los fallecimientos, al considerar su participación junto a otros cuerpos de seguridad esta cifra se incrementa a 33%. Lo propio ocurre con la FANB, cuyas actuaciones en solitario abarcan 13,70% de los fallecimientos, y al considerar también sus actuaciones junto a otros cuerpos de seguridad el porcentaje aumenta a 20,37%.

En cuanto al derecho a la integridad personal, Provea destaca el incremento del patrón allanamientos: se registraron 17.215 casos lo que, en comparación con el período anterior, significa un incremento de 33.754%, cuando se registraron 51 casos. Del total de allanamientos, el 99,8% se realizó en el marco del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo, entre los meses de julio y diciembre de 2015. En algunos de estos operativos los allanamientos ilegales afectaron hasta 4.000 viviendas. En ninguno de los casos registrados por Provea, estos procedimientos -denominados “inspecciones” y “auditorias”-, contaron con una orden judicial. Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Además se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales en el marco del OLP.

El desenlace será pacífico y democrático.  A riesgo de posibles situaciones sobrevenidas de violencia e interrupciones del hilo constitucional, Provea considera que lo más probable es que el desenlace del conflicto sea pacífico y democrático a través de los mecanismos establecidos en la propia Carta Magna.

“Consideramos que el referéndum revocatorio es la mejor estrategia para dirimir la actual conflictividad política y generar las rectificaciones necesarias a fin de garantizar derechos sociales y combatir la pobreza. Dentro del propio movimiento bolivariano habría convencimiento de ello, intentando que el mismo se realizara en el año 2017 para minimizar los costos políticos de la revocación del primer mandatario”, se indica en el Informe Anual.

En este sentido, Provea suscribió la declaración “Venezuela: Caos, quiebre social y conflicto político. ¿Cuál futuro común?” de la plataforma “Aquí Cabemos Todos”, la cual realizó, entre otras, las siguientes exigencias:

- Definir estrategias y acciones pacíficas conjuntas de partidos, organizaciones políticas y sociales para exigir al Consejo Nacional Electoral el cumplimiento de requerimientos y plazos para adelantar el referendo revocatorio presidencial. Dicho referendo revocatorio puede contribuir a la construcción de la paz sólo si su resultado no se interpreta como la eliminación del otro, sino como un paso hacia el necesario respeto y coexistencia de la diversidad política.

- Demandar al CNE una actuación imparcial, diligente y transparente ante este referéndum revocatorio y próximas elecciones de gobernadores, no sólo porque la Constitución así lo establece, sino porque lo que está en juego no es sólo el triunfo o la derrota de una u otra opción sino la paz y el futuro de convivencia democrática de los venezolanos.