Un delito invisible

Durante dos días, expertos de diferentes partes del mundo ofrecieron charlas sobre qué delitos financieros son más comunes actualmente, cómo funcionan, que se está haciendo para atraparlos y qué se debe hacer para prevenir y no caer en ellos en la “IX Conferencia Internacional anti lavado de dinero contra el riesgo y el fraude”, un evento organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP) y el Institute for Professional Studies (INC).

Ante las nuevas modalidades de delito electrónico, algunos países están modificando sus leyes para poder atacar este problema de manera eficaz. En Latinoamérica países como Brasil y Colombia reformaron  y crearon nueva legislación con relación a este tema, en Brasil se actualizó la ley de corrupción con sentencias más severas y se creó una base de datos sobre historial criminal de corrupción. Se incluyó a las empresas en la normativa pues anteriormente  afectaba solo a las personas naturales.

En Estados Unidos, existe la ley anti corrupción o FCPA en sus siglas en ingles. Es catalogada como muy efectiva en el control de los delitos de lavado de dinero, sin embargo se enfoca principalmente en regular a los agentes e instituciones oficiales. Según Diana Torres, especialista en legislación financiera y actual gerente para el cumplimiento legal de HSBC, hasta ahora la mayoría de las leyes en el mundo tienen ese mismo enfoque y se deja por fuera la vigilancia de entidades privadas. A juicio de la experta,  la ley más completa en esta área es la británica, conocida como FT según sus siglas en ingles porque crea un mecanismo de prevención del delito, que además va acorde con las nuevas formas de crimen financiero.

Para Torres la FT tiene puntos clave que deberían  ser copiados por los demás países tales como,  establecer procedimientos proporcionales al tamaño de la entidad, asegurar el compromiso de todos los niveles de la entidad a participar, hacer evaluación de riesgo de manera frecuente, tener debida diligencia usando RBA, crear canales de comunicación y capacitación y mantener un monitoreo.

Caso Venezuela

Según el último informe de Transparencia Internacional, una de las organizaciones más reconocidas en el monitoreo y análisis de los niveles de corrupción en el mundo, Latinoamérica es uno de los lugares con mayores problemas de corrupción. Venezuela el peor rankeado.

Para Aura Marina Palermo, presidenta de AP. Consulting Group C.A,  nuestro país es uno de los más afectados por el delito de lavado de dinero, principalmente por un factor: el control de cambio. Mientras más se controle, más delito habrá. “Existen países que tienen controles parciales y en aspectos muy puntuales de su economía, que generalmente resultan beneficiosos. El problema está en los controles absolutos, casi siempre resultan contraproducentes  no solo para la economía, sino también para el control del delito”.

Agregó que cuando se cerraron las casas de bolsas en Venezuela,  las personas quedaron sin un marco legal a dónde acudir para vender y comprar divisas: “ahí se incrementaron los delitos financieros, mientras más se cierra el mercado más casos de corrupción se escuchan”.

El control de cambio, sostuvo, hace que las divisas no puedan ser adquiridas para las cosas que realmente necesitan los ciudadanos y eso trae como consecuencia que se vuelvan partícipes de delitos financieros. “En Venezuela tendemos a hablar del mercado negro como algo normal, como que si no hubiese ningún riesgo o delito en ello”. Pero la realidad, agrega la experta, es que en el mercado negro no se conoce  el origen de los fondos del dinero que se está adquiriendo.

Los principales problemas que enfrenta Venezuela según explicaron varios ponentes en esta conferencia son tres: la poca costumbre de denunciar los delitos, la alta corrupción en los organismos que están a cargo del control de cambio y la falta de actualización en el marco legal.  Durante la última década el control de cambio ha sido administrado por distintas entidades creadas por el gobierno y varias de ellas han tenido que ser cerradas por mal funcionamiento. Hasta la fecha no hay ninguna investigación sobre las irregularidades que llevaron a esos cierres.

“Son todavía muchos los delitos financieros  que quedan impunes  en Venezuela” acotó Palermo. Indicó además, que en el marco legal, Venezuela aún no cuenta con un mecanismo jurídico que tenga las características que se exigen en la actualidad. “Un ejemplo es el Sicad que está constituido con normas vacías que quedan a libre interpretación del usuario, algo de mucho riesgo en una economía donde hay una necesidad insaciable de divisas”.

En conclusión los ponentes recomiendan a las instituciones mantener un control mediante auditorias y proyectos de capacitación y prevención para el cumplimiento de las leyes, ya que muchas veces se delinque de manera involuntaria. Para los Estados, el llamado es a actualizar sus normas acorde a las nuevas modalidades del delito y además con un enfoque general que no vele solo por las sanciones sino que cree además mecanismos de prevención.