Análisis: En Venezuela hay un deslave social sostenido

Las dificultades que han vivido los venezolanos en el ámbito social continuarán y podrían profundizarse si no se da un viraje en las políticas públicas que mejoren la calidad de vida. En este punto coinciden expertos de diferentes áreas.

El sociólogo Roberto Briceño León señaló que en Venezuela “se ha producido un deslave social sostenido”. Indicó que para el año 2017, esta situación podría traducirse en aspectos concretos: un deterioro de las relaciones sociales, de la confianza entre las personas; de la percepción positiva acerca del futuro; pérdida de credibilidad en la capacidad de resolver los problemas personales y colectivos y un aumento de la conflictividad.

“En estas situaciones no hay confianza, disminuye la solidaridad y se impone la búsqueda de la supervivencia. La gente tiene que sobrevivir y lo busca, es un instinto muy natural y eso genera una conducta. Pero no quiere decir que no vayan a darse grandes gestos de solidaridad, aunque no es lo que ha ocurrido ni lo que se ha venido fomentando”, explicó.

Briceño León identificó el origen de la crisis: “El gobierno está enfermo y enferma a la sociedad porque crea condiciones negativas para dividir a la sociedad. El problema es que los líderes se han encargado de socavar a la sociedad para imponerse. Tengo la impresión de que la sociedad se comporta demasiado bien para las condiciones en que vivimos, por ejemplo todavía hay respeto por las señales de tránsito pese a que el sistema normativo pareciera un adorno”.

El experto se refirió a las particulares del deterioro nacional: “La sociedad ha perdido el sentido de la norma y de las reglas a lo largo de estos últimos años. Lo que es muy particular en el caso de Venezuela, a diferencia de lo que ha ocurrido en Centroamérica, África y el medio Oriente, es que esos procesos de quiebre de las reglas, ese proceso de desinstitucionalización, ocurre por grupos subversivos que buscan subvertir esas reglas. En el caso venezolano ese proceso vino por obra del gobierno: de arriba hacia abajo”.

Añadió que “con su disposición dictatorial, el gobierno no tiene capacidad de resolver la situación. Nadie le cree, tiene que sacar soldados a la calle y el delito no se detiene. Se ha destruido la legitimidad del acuerdo social”, subrayó.

Briceño León dijo que los efectos inmediatos de la crisis social se están viendo con la gente que se va del país. El sociólogo indicó que quienes no emigran se encierran en sus casas o se evaden para intentar sobrevivir.

“El otro efecto es la ley del más fuerte y se aprecia en el delito organizado y la extorsión, que incluye a funcionarios”, añadió.

Resaltó que todas las crisis sacan a relucir lo peor pero también lo mejor de las personas: En condiciones extremas se sacan las mayores dificultades y las más grandes generosidades.

Briceño León llamó la atención sobre las muestras de entrega al país que dan médicos, maestros y profesores universitarios que permanecen en sus funciones pese a que los bajos salarios no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Resaltó que los casos de linchamiento y que la población tome justicia por su cuenta son síntomas de la involución social que se vive.

Marco Antonio Ponce, Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCE), coincidió con el sociólogo en la profundización de los problemas en el 2017.

“El fondo del asunto es que estaríamos reeditando la crisis social porque el gobierno no ha invertido lo necesario en decisiones políticas que conlleven a correctivos en materia económica y esto impacta sobre lo social. Los empresarios siguen sin divisas para importaciones. No hay medidas claras y el gobierno tiene la pelota en sus manos”, aseveró.

Ponce añadió que se han incrementado las protestas sociales, contra el desabastecimiento y la escasez y que muchas son promovidas por los vecinos y las amas de casa que resienten el impacto de la crisis. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en octubre de 2016 hubo 104 protestas en rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos. Este aspecto superó en los últimos meses a las manifestaciones por derechos políticos.

Cree interesante destacar que la mayoría de las protestas de este año no han sido convocadas por partidos y dirigentes políticos, han surgido de la iniciativa de los ciudadanos que, incluso, manifiestan al frente de las sedes de organismos públicos en horas de la noche.

Decrecimiento. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo de Defensa del empleo, el salario y el sindicato (Fades), avizora que en 2017, la crisis se acentuará. Sostuvo que desde 2013, el país lleva tres años consecutivos de decrecimiento negativo.

“Para el 2016 el decrecimiento negativo se ubicó entre -4 y -5% y los pronósticos de 2017 hablan de un número igual”, afirmó.

 Barios dijo que difiere de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) según las cuales no hay desempleo porque toman como referencia los indicadores de ocupación,  los cuales están ubicados cerca de 92%. Recordó que en el sector informal no se goza de los beneficios de ley.

Señaló que para 2017 no hay muchas expectativas sobre la absorción de mano de obra, dada la poca oferta de la empresa privada, la tendencia a la informalidad o a irse del país.

“No hay indicios de que la economía mejore y esto incide en el empleo. El Gobierno privilegia las importaciones y eso mata el empleo en la manufactura. En 1998, el sector público tenía 900 mil empleados. 18 años después, de 14 millones 400 mil empleados, 8 millones 500 mil están el sector formal: en el sector público hay de 2 millones 600 mil a 3 millones de empleados (incluye alcaldías y gobernaciones) según cifras del Banco Central de Venezuela. Casi 5 millones están el sector privado, 4 millones 500 mil en el sector informal y un millón se encuentran desempleados”, sostuvo.

Barrios señaló que la crisis económica y social es alarmante. Resaltó que los trabajadores, después de someterse a jornadas incansables en sus sitios de empleo, deben recurrir a la opción del rebusque para conseguir más recursos para sostener a sus familias.

Afirmó que pese al incremento del cesta ticket resulta cuesta arriba cubrir el monto de la cesta básica.

El sindicalista dijo que la situación es insostenible en todos los sectores y aunque a los trabajadores petroleros les hayan aumentado el cesta ticket a 97 mil bolívares mensuales, según anuncios de noviembre, el ingreso no es suficiente.

Inseguridad en alza. La tendencia al alza de los índices de inseguridad ha sido una constante, señaló el criminólogo Luis Izquiel. Refirió que de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, el año 2015 cerró con 27.875 homicidios, se esperaba que el 2016 terminara con 30 mil homicidios y la situación se mantenga para 2017.

“Hay una tendencia hacia el alza.  En 1999,  la tasa de homicidios era de 19 por cada 100 mil habitantes, en 2015 se cerró a 90 por cada 100 mil habitantes”, dijo Izquiel.

El criminólogo no cree que disminuyan los índices de inseguridad por la carencia de planes y de estrategias que permitan superar la situación. Resaltó que la crisis económica se relaciona con la criminalidad y, a su vez, esta se relaciona con la catástrofe e impunidad en el sistema judicial.

“Con la crisis se han generado tipos delictivos  que buscan bienes escasos como el hurto y el robo de batería, de cauchos, partes de vehículos y alimentos. El panorama, lamentablemente, se pondrá peor para 2017”.

Agregó que el ministro del Interior, general Néstor Luis Reverol, pese a que repite en el cargo parece no tener rumbo ni la capacidad de enfrentar la inseguridad.

“Hay una combinación de gente incapaz,  Reverol está formado para la guerra, con la falta de voluntad política. Asumir medidas contra la inseguridad en Venezuela,  podría significar para Maduro pérdida de poder y por eso no actúan”, argumentó Izquiel.

Indicó que en el país se han aplicado 24 planes de seguridad en 16 años, sin que haya resultados efectivos. Consideró Luis Izquiel que parte del agravamiento de la situación se deriva de la centralización del poder, que incluyó que a alcaldías y gobernaciones les quitaran el control de las policías y la provisionalidad de jueces y fiscales.

Sofía Nederr

redaccion@dinero.com.ve

La nota completa está disponible en la edición 306 de la revista DINERO