Ley de precios justos abre puertas a expropiaciones

Las penalizaciones con cárcel y las posibilidades de expropiación de negocios son algunos de los aspectos que más preocupan al empresariado venezolano, ante la entrada en vigencia el lunes de la nueva nueva Ley de Precios Justos. Así mismo, a lo anterior se une el desconocimiento sobre como serán llevados a cabo los procesos planteados en la nueva normativa. 

Hasta hoy, lo único aclarado por las autoridades es que la ley establece un techo máximo de ganancias de un 30 por ciento, aún sin clasificar por sector económico. En este orden, la intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Karlin Granadillo, dijo el lunes que no todos los comercios tendrán el mismo margen de ganancia. "Eso sería una distorsión de muchos sectores, que con mucho menos que eso ya tienen los ingresos necesarios para su actividad económica", refirió.

Expropiaciones a la orden del día

El presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, señala que el nuevo instrumento presenta una serie de escenarios que necesitan ser evaluados bajo lupa, ya que posibilitan las confiscaciones.

“La ley contiene una cantidad de elementos regulatorios al sector privado que necesitan verse con mucho cuidado, ya que declara toda la actividad económica de interés público”, apunta el representante. Así pues, explica que según lo establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, ser considerado  de “interés público” es el único requisito pre expropiatorio. Lo cual, en lo referente a la nueva legislación, “posibilita las confiscaciones”.

Además, sostiene Garmendia que en el caso de las sanciones, el instrumento retira del comerciante, que sea considerado infractor durante inspección, los beneficios penales, ya que está estipulado como la encarcelación inmediata.

En cuanto al proceso fiscalizador, el presidente señala que, aunque para el sector que representa no son extrañas las fiscalizaciones de cualquier tipo, en esta ocasión están aún expectantes a lo que serán los próximos reglamentos parciales, más extensos, que sirvan para definir los procesos de inspección que ya establece la nueva ley.

Desconocimiento

Por su parte, Luís Alberto Russián, quien funge como presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), señala que no han recibido ninguna información sobre cómo se habrían visto impactadas la parte de las empresas afiliadas a la Cámara que, en efecto, deberán regirse de ahora en adelante por la nueva norma.

“Afectará en principio  a los sectores más sensibles como alimento, higiene personal, entre otros. Ese tipo de empresas están tratando de delimitar (cómo actuar)”, remite Russián.

El representante afirma que, a vista de lo anterior, el comité legal de la cámara ha ideado más bien, métodos preventivos; y  que, de hecho, desde la semana pasada se encuentran ideando estrategias que propongan métodos organizativos para que el personal de las empresas afiliadas sepan cómo responder las próximas fiscalizaciones.

Mariel Torres

mtorres@dinero.com.ve