Fiscal General solicitó antejuicio de mérito contra magistrados

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó este martes 13 de junio a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes.

Dicha acción es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.

Ortega Díaz también pidió que los ocho funcionarios se inhiban de conocer sobre la petición interpuesta por su persona.

“En el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque corre peligro la nación, corre peligro el Estado de derecho, corre peligro el Derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del Derecho. Sería la muerte del Derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta Sala, por eso, pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición”, aseguró.

Para la máxima representante del Ministerio Público el TSJ a través de la Sala Constitucional tiene una política reiterada que atenta contra esa forma republicana.

En ese sentido, citó como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se produjo una ruptura del orden constitucional. “Fue tal el impacto y la magnitud de esas sentencias, que al día siguiente de publicados ambos fallos, se convocó el Consejo de Defensa de la Nación”.

Precisó que luego de esa convocatoria fue suscrito un acuerdo en el que se exhortó a la Sala Constitucional para que realizara una aclaratoria de las referidas sentencias, en las cuales solo trataron las medidas innominadas, mas no se pronunciaron sobre el fondo.

Advirtió que en ambas decisiones se le daba al Presidente de la República plenos poderes, inclusive, en materia penal “cuando esta debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica sobre quién va a investigar y quién va a juzgar”.

Ortega Díaz agregó que en las sentencias, además, los magistrados despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, cuyas funciones se arrogó la Sala Constitucional. “Indudablemente, que estas sentencias ponen en peligro la democracia, que es un requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana”.

Consideró como otro ejemplo la sentencia 378, en la que los magistrados de dicha Sala revivieron la democracia representativa y derogaron la participativa y protagónica, establecida en el Texto Fundamental de 1999.

Recordó que en esa misma decisión, el TSJ violó el artículo 5 de la Carta Magna, transfiriendo a un poder constituido la soberanía que reposa en el pueblo e, igualmente, se atentó contra la supremacía constitucional.

Aclaró que no solo se conspira por un acto de fuerza contra la forma republicana de la nación, sino también causando daños irreparables a través de decisiones. En tal sentido, afirmó que lo que se está buscando es desmantelar el Estado.

“Es necesaria la paz de la República, es necesaria la seguridad jurídica. No puede ser que el TSJ si hoy no le gusta la Asamblea Nacional, la elimina; mañana no le gusta el Ministerio Público y lo elimina; pasado no me gusta otro organismo y también lo elimino. Necesitamos seguridad. No puede ser que se desestructure, se desmantele el Estado; conspirar para atentar contra la forma republicana establecida en la Constitución solamente por caprichos”, reiteró Ortega Díaz.

Tutela judicial efectiva

Al referirse al recurso de nulidad interpuesto por su persona contra los actos del Consejo Nacional Electoral relacionados con la convocatoria para la Constituyente, indicó que el TSJ atentó contra uno de los derechos de los ciudadanos como es la tutela judicial efectiva, al impedir a las personas llegar hasta la sede del máximo tribunal del país para adherirse a la acción intentada por ella.

Explicó que la tutela judicial efectiva garantiza que toda persona pueda acceder a los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos. “¿Cómo se accede al TSJ si colocan tanquetas y obstáculos?”, se preguntó.

Adicionalmente, mostró una circular en la que los presidentes de los circuitos judiciales de los estados Portuguesa y Miranda notificaron a los tribunales que se abstuvieran de recibir cualquier tipo de solicitud, escrito o reclamo de los ciudadanos para la adhesión al recurso de nulidad y amparo cautelar interpuesto.

Por ello, hizo un llamado para hacerle frente a dicha situación y consideró que, por tal motivo, los magistrados que han suscrito las referidas sentencias no pueden continuar en la Sala Constitucional.

Por otro lado, recordó que este lunes 12 de junio acudió a la Sala Constitucional para solicitar la nulidad del acto dictado por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, por el cual se designó a 13 magistrados principales y 13 suplentes y, pues a su manera de ver, está viciado de nulidad por la forma en que fueron designados.