Hiperinflación disfrazada

Sin duda alguna, el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), por obra y gracia de dos voceros públicos venezolanos, es el Rey Momo del carnaval venezolano del 2015. Todavía no ha aparecido el razonamiento técnico que pudo haber sido utilizado por las autoridades correspondientes o las variables económicas que pudieron haber influenciado en la elección o escogencia a dedo, para imponer semejante mamotreto prolongador del control de cambio a la venezolana. Pero es el Rey. Y, por serlo, a la población que quiera moverse en el mundo de la marginalidad cambiaria nacional, ya sabe que tiene que aprender a buscar bolívares, contar bolívares y sumar bolívares en cantidades infinitas, para adquirir un escaso dólar; exiguos dólares en una comparsa política en la que se habla de mercado, de libertad, aunque ante  tal simbiosis, en verdad, quien le pone la etiqueta del precio final es el Banco Central de Venezuela.                                                                                                                                  

Nadie sabe si este nuevo reinado cambiario, una más entre siete devaluaciones aprobadas durante los últimos doce años y 33 Convenios, tendrá vida prolongada. No obstante, de arrancada, también provoca otras inquietudes. Y la más extraña es a qué se debe su nombre, cuando la adjetivación popular la tipifica de descalificativo, tanto como llamarlo “mercado negro”. Después de todo, ya no es mercado, ni tampoco negro. Ha sido invadido por una pretensión intuitiva –que no técnica- mientras que sus promotores dan como un hecho que si bien el Sicad II no pudo “pulverizarlo”, tampoco nadie puede hoy afirmar que, finalmente, y sin unificación cambiaria, el juego a tres tipos de cambio impedirá la aparición de otro mercado verdaderamente libre. 

Lo cierto es que en este nuevo Sistema Cambiario, se ratifican dos de los anteriores: el siempre bonito, atractivo y baratón 6,30 Bs./$, por el que transitará el 70% de lo que se dice que se necesita para que la economía siga respirando, - no expandiéndose y fortaleciéndose- en respuesta a sectores básicos (alimentos y medicinas), aunque siempre  de la mano del gobierno importador y del ineficiente Estado administrador. El de la fusión de los dos Sistemas Complementarios para mantener viva una supuesta modalidad de subastas, y por la que se moverán los sectores no esenciales de la economía;  una gran parte de los cuales, por cierto, sigue esperando que le digan a qué deben atenerse ante una deuda externa reconocida y no pagada de 10.000 millones de dólares, y de la que nadie hace un solo comentario en las instancias gubernamentales.

¿Pasará con esa deuda, por cierto, lo mismo que sucedió cuando nació el Régimen de Cambios Diferenciales en 1983, y que el Gobierno de entonces, el mismo que dijo desde un principio que había recibido una Venezuela hipotecada, hizo saber a los empresarios que, antes que pagar, había que identificar a deudores, a acreedores, y determinó que, desde su enfoque administrativo, antes había que salvar a la economía nacional?. Nadie, hasta ahora, ha dicho que eso no pudiera suceder. Si bien tampoco se ha afirmado formalmente que dicha deuda no será reconocida, y que “cada quién debe cargar con su muerto”.

En todo caso, en un ambiente de predominante modalidad de cambio “marginal”, dada la innegable inclinación económica nacional a lo que debería ser, es decir, a una actividad cambiaria “libre”, regida por el comportamiento del “mercado”, la expectativa adicional gira alrededor de lo que hará el Gobierno con su empecinada vocación controladora y el comportamiento del manejo de los precios. De hecho, la modalidad cambiaria convierte a todos los venezolanos en verdaderos marginales, toda vez que legitima como  verdadero valor del dólar a ese precio y esto, en sí, no es otra cosa que una maxidevaluación que convierte a toda la población en un conglomerado de auténticos pobres de solemnidad. Mejor dicho, en pobres por decreto y por voluntad de un petroestado que, sin embargo, no duda en seguirse moviendo en un ofensivo relajo administrativo, en un festín de gastos improductivos y de espaldas al daño que vienen provocando en los bolsillos de todos la inflación, la escasez y la corrupción.

Que el Banco Central de Venezuela diga entre las sombras y casi dos meses después de lo que le fija su Ley rectora, en cuánto fue que cerró realmente la inflación en el 2014, no consuela a nadie, ni convence a las calificadoras de riesgo y, seguramente, tampoco a los acreedores internacionales. En cambio, hace suponer que tanto tiempo de silencio, en realidad, para lo que sirvió fue para no admitir que la realidad porcentual rebasó niveles inflacionarios superiores al 100% el año pasado, y que la hiperinflación, aunque se le disfrace de mona, ha comenzado a tomar cuerpo en Venezuela.

No es cuento chino ni entre chinos la afirmación de que la dolarización y la hiperinflación en Venezuela van de la mano. Y no necesariamente porque es así como tiene que suceder, sino porque la ausencia de una verdadera política económica, fiscal y monetaria, y la conducción macroeconómica por improvisados e influidos por su vocación anticapital atada al rentismo petrolero, ha convertido a los administradores en obligados destructores de la fuerza productiva venezolana, y a los ciudadanos en emprendedores cuya vida productiva depende del capricho burocrático.

¿Cómo van a actuar los productores y comerciantes en materia de precios,  ante los resabios de lo pendiente de los anteriores Convenios Cambiarios? ¿Cuántas empresas privadas más quieren sacar del mercado, para mantener la creencia de que el Estado sí lo puede todo, y que todo empresario que reclame libertad para ejercer derechos constitucionales es un enemigo del Gobierno?. Gran parte de la economía nacional ya está dolarizada.  Y los precios de los productos pasarán poco a poco -si ya no lo están- a ser vendidos al valor rector y final que impone la lógica de la salvación comercial. De no hacerse -o no haberse hecho- la comercialización sería inviable por obvias razones primordiales.

En primer término, porque quienes  comercializan, y en presencia de una menguada producción interna, tienen que adecuarse al precio de reposición que lo deben calcular en atención al comportamiento cierto del tipo de cambio y a la obligación de importar, para responder medianamente eficiente ante la demanda de los consumidores.  Es, de hecho, la reacción natural y lógica ante la implantada economía de puertos que ha mutilado el tejido empresarial industrial y agroproductor del país, como a la obligación de saber sortear y cumplir con cada una de las innumerables dificultades establecidas para poder adquirir  las divisas en el país, y ahora signada por los efectos del derrumbe de los precios del petróleo. De no hacerlo así, ese comerciante quedaría sin inventario y obligado a cerrar el negocio.

En segundo lugar, al dejar vigente la posibilidad discrecional oficializada de obtener dólares al cambio de  Bs. 6,30/$, se mantiene abierto un portón inmenso a la ilegalidad, el fraude y a la corruptela, que, a su vez, induce a que el producto comprado en dólares preferenciales o muy baratos, sirva de materia prima para el criollo “bachaqueo” o la reventa a precios muy superiores. ¿Acaso no es eso mismo lo que ya ha provocado la enorme escasez que existe actualmente, y que, de igual forma y por la misma razón, ha abierto la posibilidad del mal llamado "contrabando de extracción", al permitir la colocación de productos adquiridos con dólares subsidiados en Venezuela, en cualquiera de los países vecinos a precios mucho más elevados?

Lo que está pasando igualmente con el precio de la gasolina, también es materia de urgente y serio estudio. Hoy existe una campaña publicitaria promovida desde el Gobierno, y en la que se trata de crear conciencia colectiva acerca de lo absurdo que es vender dicho combustible a un precio por debajo de su costo de producción. Sin embargo, ¿a qué se debe que ese mismo principio comercial no prive cuando se trata de la venta de bienes de parte de la empresa privada?

Más y nuevos precios se harán presentes a partir de ahora, cuando, finalmente, el Ejecutivo ha dicho alguito con respecto al tema cambiario. El caso se produce cuando, paradójicamente, entrará en vigencia la fijación de precios con base en la normativa del sistema de  venta de Precio Justo. Y, desde luego, cuando un grupo de empresarios, ejecutivos y abogados están encarcelados  por, supuestamente, violar la Ley, mientras el estado de derecho se determina desde el Ejecutivo. ¿Y será la inflexibilidad de dicho procedimiento lo que determine esa nueva circunstancia?

El Simadi es una verdad. Tanto como que el primer día de venta de divisas apoyado en su vigencia, fue a un poco más de Bs. 170 por dólar. La segunda registró un incremento de otros cuatro bolívares. ¿Causa?: quizás desconfianza; quizás desesperación ciudadana, ya que, supuestamente, el verdadero precio del dólar en relación con el Bolívar, no debe exceder Bs. 60 por $. ¿Y entonces?

Las autoridades que debieron haberle dicho a los venezolanos el primero de enero del 2015 en qué consistían los anuncios cambiario, entre otras decisiones que debían adoptarse para hacerle frente a los desequilibrios macroeconómicos del país, hasta ahora, no han pasado de acciones de carácter fiscal, y convertidas en mecanismos fríamente dirigidas a sacarle más bolívares del bolsillo a todos los venezolanos. No quieren dejar de gastar, como si la economía estuviera en condiciones de permitirlo y de soportarlo.

Sin duda alguna, dicho derrape administrativo es insostenible, aunque se le trate de hacer invisible mediante diarios anuncios efectistas contra la estabilidad gubernamental. Lo inevitable es y será la revisión urgente  de esta nueva modalidad de compra de divisas; admitir que la inflación rebasó la capacidad de respuestas de la población. Asimismo, que las amas de casa saben exactamente cuál es el nivel al que ha llegado la verdadera inflación, porque sus usaditos monederos se quedaron pequeños  ante la súbita y continua subida de precio, y obligación de cargar miles de bolívares sin capacidad de compra.

Venezuela es sinónimo de inflación, escasez e inseguridad; de una verdadera troika criminal desde el punto de vista social y económico. Es, en parte, el producto de la negación política de reconocerle al ciudadano su derecho a vivir, pensar, emprender y producir libremente. Con controles de precios y de cambio, además de la negación a respetar el derecho de propiedad, no hay sistema cambiario que estimule nuevas inversiones y mayor producción.

La inflación se combate con producción en un ambiente de libertad para competir. Sólo con abundancia y opciones competitivas, se puede superar la escasez. Y la producción nacional se tiene que reactivar a partir de dicho principio, pero también de la aceptación de que el proteccionismo no puede convertirse en el amparo de ese esfuerzo nacional. Hay que superar la pasión gubernamental por la promoción de la economía de puertos, e impedir que el Estado insista en seguir invadiendo espacios que son de la competencia de los ciudadanos.

Cuando se deje de comprar y beneficiar a los productores y empresarios de otros países, y se pase a incentivar y estimular al productor y empresario venezolano en procura de cubrir las necesidades internas y exportar, la  diversificación de los ingresos también será otra verdad. Por supuesto, llegar hasta allí implica  descartar el odio y las ofensas, procurar el entendimiento, la pacificación del país, y trabajar sinceramente para combatir la corrupción, el hamponato y la impunidad. Y, adicionalmente, admitir que la difícil situación por la que atraviesa el país actualmente, está comprometiendo ya no sólo los resultados macro y microeconómicos del 2015, sino también los del 2016, ante la incapacidad venezolana de cambiarle el rostro a su negocio petrolero, hoy venido a menos.

Por: Egildo Luján Nava, presidente de Fedecámaras Miranda y director de Fedenaga.