Análisis: Empresas estatizadas marcan en rojo

A pesar de la poca información oficial, puede afirmarse que resulta muy negativa la evaluación acerca del desempeño de un amplio conjunto de empresas industriales y agroindustriales expropiadas, recuperadas o nacionalizadas por el Gobierno en los últimos 12 años.

En ese sentido, el economista Víctor Álvarez, ministro de Industrias entre 2005 y 2006 y Premio Nacional de Ciencias (2013), señala que se trata de empresas que “fueron expropiadas y estatizadas con el fin de asegurar una creciente producción de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad venezolana”.

Sin embargo, afirma que es “obvio” que la mayoría de tales empresas “no pasa la prueba” si su desempeño se mide, por ejemplo, “a la luz de los indicadores de escasez de cemento, acero, cabillas, aluminio, atún, sardinas, harina de maíz, pastas alimenticias, lácteos, carnes, café, huevos, azúcar, arroz, granos, botellas, envases plásticos, etc., y una amplia gama de productos que debería encontrarse en los mercados”. 

Además, considera que “el balance es mucho peor” si la evaluación se efectúa sobre la base de “las nuevas relaciones sociales de producción que esas empresas estaban llamadas a instaurar para empoderar a los trabajadores y comunidades sobre el control de los procesos de producción, distribución y comercialización de los productos imprescindibles para satisfacer esas necesidades básicas y esenciales”. Advierte que, por el contrario, “esas empresas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo que desplazó a los trabajadores y les arrebató su conducción”.

En cuanto a si es posible considerar justificadas tales estatizaciones, Álvarez dijo que “a juzgar por los resultados económicos, financieros y políticos, no hay méritos para afirmar que valió la pena”.

Poca información

Cabe señalar que en la Memoria y Cuenta 2015 de los ministerios vinculados a la producción y distribución de productos aparecen muy pocas empresas que tengan la condición de recuperadas y estatizadas. Además, la información es muy limitada, escasa y carente de claridad en la mayoría, si no en todos, los informes de las empresas que sí aparecen. En particular, no es posible conocer el estado de ganancias o pérdidas con toda precisión.

Por ejemplo, en la cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras está la Empresa de Propiedad Social (EPS) Agropatria, antigua Agroisleña. Aunque no se observa si hay o no pérdidas o ganancias, el informe señala que “no se cuenta con un sistema que sincere de manera eficiente y confiable los estados financieros de la empresa, así como también la imputación y la ejecución presupuestaria a través del mismo”.

En el caso de la Empresa Nacional del Café, S.A., que agrupa las marcas El Peñón, Madrid y Aroma, la memoria acusa limitaciones financieras, ajuste insuficiente de precios, altos precios (costos) en empaques, servicios, materiales y suministros; desembolsos extemporáneos del subsidio, costo de la materia prima (café verde) por encima del precio de venta del café tostado y molido, lo que genera un “resultado financiero deficitario”.

En cuanto a CVA Azúcar, S.A., que concentra los centrales azucareros Sucre, Cariaco, Santa Elena, Trujillo, Venezuela, Santa Clara y Táchira (CAZTA) y unidades de producción primaria como Torondoy y Jirajara, la información señala incumplimiento en los niveles previstos de siembra, molienda, producción, refinación y comercialización, además de carencia de recursos financieros.

Otras empresas emblemáticas estatizadas no figuran en la Memoria y Cuenta de los Ministerios, de manera que no se saben sus resultados. Empresas como Conservas Alimenticias La Gaviota (sardinas); Planta Procesadora de Arroz Cristal, antes propiedad de la empresa estadounidense Cargill; Molinos Nacionales, C.A., Monaca (harina de maíz precocido y de trigo y plantas procesadoras de arroz); Envases Internacional, que produce recipientes para Lácteos Los Andes y empresas privadas; y Parmalat Venezuela (leche líquida y en polvo, etc.), entre muchas otras.

Dos empresas

Hay dos empresas estatizadas y activas: Invepal y Venvidrio. La Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal) fue recuperada por sus trabajadores en 2005, luego fue expropiada y nacionalizada. La cogestión no dio resultado y hoy funciona bajo un modelo de propiedad social. Produce resmas y papel para libros, bolsas, papel bond, etc., todo a 70% de su capacidad instalada. Sus planes son instalar dos plantas nuevas: una para fabricar papel higiénico y la otra para elaborar empaques para cemento; adquirir una máquina para manufacturar cartón corrugado; y rehabilitar las maquinarias que tiene inoperativas. La mayor parte de la materia prima que utiliza es importada, pero espera que la estatal Empresa de Pulpa y Papel, C.A. (Pulpaca), en el estado Monagas, le permita sustituir importaciones. Pulpaca comenzó a construirse en el año 2006, pero aún aparece en fase pre-operativa en la Memoria 2015 del Ministerio de Industrias. Está previsto que produzca celulosa y papeles a partir de madera (bosque de Uverito), entre otros productos.

La empresa Venezolana del Vidrio, C.A. (Venvidrio), rescatada y estatizada en 2010, tiene dos plantas en operaciones: una en Trujillo y otra en Carabobo. Esta empresa perteneció a la estadounidense Owens-Illinois Inc. (O-I). Actualmente cubre el 85% de la demanda nacional de envases de vidrio. Está produciendo 1.100 toneladas diarias, menor a su capacidad instalada es de 1.500 toneladas/día. Apoyada en el Fondo Chino-Venezuela, Venvidrio instalará dos hornos y seis máquinas nuevos para aumentar producción y cubrir el 100% de la demanda interna, además de que incrementará sus exportaciones.  

Causas del fracaso

Entre los motivos del fracaso de la mayor parte de las empresas estatizadas, Álvarez apunta que han sido las erradas políticas económicas y una pésima gerencia empresarial. Por otro lado, “los severos controles de precios las obligan a vender por debajo del costo de producción, lo que no les permite generar ingresos ni siquiera para pagar la nómina”. En consecuencia, dijo que dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación del impuesto sobre la renta (ISLR) y el impuesto al valor agregado (IVA), el gobierno ya no les puede transferir más recursos. 

Otra causa “de la bancarrota es la pésima gerencia. Esas empresas se convirtieron en un botín para el populismo, el clientelismo y la corrupción y acabaron descuartizadas y saqueadas como fruto de la pugna por posiciones de poder. Hoy sus nóminas están sobresaturadas, además de que soportan excesivos costos que sentencian su inviabilidad económica y financiera”, dijo.

Por otro lado, explica que “la sobrevaluación de la tasa de cambio propició toda clase de importaciones que arruinaron la producción nacional. El propio gobierno, con sus crecientes importaciones a tasa preferencial, quebró esas empresas, las cuales fueron obligadas a venderle a los canales de comercialización estatales al mismo precio que los productos importados por el gobierno con un dólar sobrevaluado y barato”.

Negocio redondo

Álvarez puntualiza que hay que aclarar también que aparte de las empresas que estaban productivas en manos privadas, pero que con la estatización terminaron “quebradas”, muchas otras expropiaciones fueron negocios redondos que hicieron los dueños de esas industrias con la complicidad de funcionarios del gobierno.

Algunas de esas empresas estaban cerradas porque no pudieron competir con importaciones más baratas y de mayor calidad que comenzaron a entrar con la apertura comercial de los años 90 del siglo pasado. Eran chatarra tecnológica, pero en torno a esas fábricas se construyó un falso discurso revolucionario que planteaba su rescate y recuperación para generar empleo y ponerlas a producir. Bajo esa farsa se declararon de utilidad pública, se expropiaron y sus antiguos dueños cobraron jugosas indemnizaciones y, de paso, se desprendieron de un muerto que les ocasionaba grandes costos.

Desestatizar

Ante el fracaso de dichas estatizaciones, afirma que la alternativa es desestatizar a través de la democratización de la propiedad y la promoción de la inversión privada nacional y extranjera. No se trata de privatizar, sino de promover la participación de los trabajadores e inversionistas, dejando claro que los dividendos que correspondan a la participación del Consejo de Trabajadores, en lugar de ser repartidos como dividendos individuales, sean la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.

Esto aliviará las presiones y exigencias en cada contratación colectiva, ya que esas reivindicaciones quedarían cubiertas con la inversión de esos dividendos en planes de interés común para los trabajadores, argumenta Álvarez.

De esta forma, los trabajadores –en lugar de resistirse a la desestatización- estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero en las empresas donde son copropietarios, pues a través del Consejo de Trabajadores recibirían el porcentaje de ganancias que les corresponde, el cual será la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común, añade.

Además, agrega que los inversionistas y accionistas privados también saldrán beneficiados con esta nueva cultura corporativa de responsabilidad laboral, y podría despertar un mayor interés en otros inversionistas nacionales y extranjeros, quienes estarían dispuestos a invertir sus recursos en empresas en las que los trabajadores saben que de la paz laboral y del esfuerzo productivo dependerá no solo el pago de sus salarios, sino los dividendos que se destinarán a financiar sus programas de interés laboral y social.

Privatización

Luego de recalcar que “es evidente que ha fracasado la política de expropiaciones”, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señala que “la incapacidad administrativa del sector público ha generado graves consecuencias en términos de inflación y de desabastecimiento en el país. El Gobierno debe aceptar el error y decidirse a cambiar el curso de la situación, es decir, que las empresas pertenezcan al sector privado para que haya eficiencia operativa, buena productividad, amplia producción y la rentabilidad que le permita dividendos y, por otra parte, ahorro a la población”.

Señala que con mucha facilidad se pueden revertir esas estatizaciones de empresas; es cuestión de empezar un proceso ordenado, estructurado y consensuado de privatización, procedimiento del cual tienen que salir beneficiadas no sólo las empresas, las cuales obtendrían mejores gerencias, capacidad productiva y crecimiento, también los trabajadores y los venezolanos, en general, quienes deben resultar favorecidos como accionistas de esas compañías a través de un próspero mercado bursátil.

Proyecto de ley

El primero de marzo pasado, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, propuesto por el diputado Julio Borges (Primero Justicia), cuyo artículo 15 pauta la creación de una Comisión Especial para “verificar la gestión operativa y financiera de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que hayan sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal”.

El artículo 18  establece que si la Comisión Especial determina que las empresas y los otros bienes productivos mencionados han “incrementado o mantenido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaban en los doce (12) meses previos  al momento en el cual se  adoptó  la medida  de  que se trate (…) ordenará que la gestión de las mismas se mantenga en manos del órgano o ente del Poder Público al cual le haya sido atribuida, así como que se mantenga un monitoreo constante del desempeño y niveles de producción (…)”.

El artículo 19 dispone que si la Comisión concluye que dichas empresas y plantas se hallan “total o parcialmente inactivas o hayan decrecido sus niveles de producción (…) le ordenará al Ejecutivo Nacional que le otorgue a un tercero (persona natural y/o jurídica del derecho privado) el derecho de  gestionarlas y administrarlas, “aplicando un procedimiento de selección público, expedito y competitivo  que garantice rapidez en la reactivación productiva y la verificación de que el interesado cuenta con la capacidad financiera y experiencia necesarias para alcanzar esos fines”.

Tras finalizar el ejercicio del derecho de gestión, la ley manda que “se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad de la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, una vez se haya resuelto jurídicamente lo atinente a la privación coactiva de la propiedad de la cual haya sido objeto la persona natural o jurídica que la ostentaba antes de su asunción por parte del Estado”.

Respecto de la referida ley, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) propone que se agregue, en el caso del sector agrícola, que sea revocada “por improductividad u ociosidad” la adjudicación de aquellas unidades productivas que el gobierno haya transferido o permitido su ocupación a favor de personas o algunas organizaciones. Considera, además, que “en caso de que la Comisión determine que la unidad de producción agrícola se encuentra total o parcialmente ociosa o que  hayan decrecido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaba, debería otorgársele al antiguo propietario un derecho preferencial para operar dicha unidad”.

Por César Contreras Altuve

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