Fiscalía reabrirá casos de corrupción en Cadivi y Cencoex con dólar preferencial

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, acusó a la anterior gestión del Ministerio Público (MP) de sepultar causas vinculadas a casos de droga y corrupción en el antiguo Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) o Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), con su inacción penal.

En una rueda de prensa, ofreció un balance de las investigaciones que se desarrollan en la institución, a fin de determinar los involucrados del “cartel de la corrupción en el MP”, y que  durante diez años ocasionaron “la demolición” de la justicia en el país.

Según datos recabados con los propios trabajadores, indagó que se manipularon pruebas e indicios de las pesquisas, con la finalidad de proteger a poderosas empresas, así como también se utilizaron las investigaciones y víctimas con fines selectivos y propagandísticos.

80% de las causas Cencoex-Cadivi sobreseídas

Saab explicó que 80% casos de corrupción vinculados a Cencoex-Cadivi  fueron sobreseídos, es decir, los presuntos responsables implicados e investigados fueron liberados y apenas un 20% de las personas naturales quedaron acusadas.

A su juicio, esto es un caso concreto de que la anterior gestión se dirigió a sancionar a personas particulares, tales como “raspacupos” o personas que hicieron uso indebido de cupos viajeros, pero protegió a las grandes empresas y comercios que desfalcaron a la Patria.

“Son las cifras propias que no pudieron borrar ni obstruir, que repito, las hemos obtenido porque aquí hay funcionarios honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión”, aseguró el titular del MP.

Ante esta situación, manifestó su decisión de revisar las causas que involucran a compañías que han recibido dólares preferenciales y abrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente de la institución.

Explicó que incluso hay un caso vinculado a Cadivi por obtención irregular de divisas y que aparece sin actos conclusivos, incluso tres años después de su apertura. “Como por ejemplo, hay una investigación a una empresa de aparatos auditivos en 2014 que se congeló ¿por qué?, hemos visto que todos los informes que esta empresa posee son de un mismo médico, con la misma redacción y firma, significa que hay algo irregular. Aquí esto se engavetó”, subrayó.

Asimismo, denunció que hay órdenes de aprehensión que ni siquiera se activaron. “Hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase a una fase acusatoria y conclusiva”, fustigó.

Por otro lado, informó que hubo más casos de sobreseimiento a presuntos responsables vinculados al tráfico de droga, que acusaciones. “¿Cómo se puede explicar que se presentaron 5.468 sobreseimientos, en contra de 4.4467 acusaciones? Eso merece por lo menos ser investigado y explorado”, dijo Saab.

El Fiscal General de la República acusó a la anterior gestión de exigir a los fiscales del MP el cumplimiento de una meta de acto conclusivo al mes. “Cuando se acercaba el fin de mes, se presionaba a los fiscales para que hubiese números conclusivos y muchos fiscales se veían obligados a dictar 12 sobreseimientos en casos que con más investigación, con más desarrollo de la acción penal, se hubieran terminado con imputaciones o acusaciones”, explicó.

Al respecto, opinó que se sacrificaba la justicia en función de la indebida aplicación del sobreseimiento o culminación del acto conclusivo. “Gracias a esta indigna acción ¿Cuántos responsables estarán libres y siguen dañando a la juventud?”, mencionó, no sin antes aclarar que dio lineamientos para cesar en la elaboración compulsiva de actos conclusivos, en el sentido que no tengan el impulso de una acción penal.

De igual forma, se revisarán expedientes para corroborar si se ha actuado con negligencia a los fines de retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde existan elementos. En tanto, acusó que muchos de los casos vinculados a la droga fueron usados para extorsionar.

Es por ello que se comprometió a reimpulsar todas las actuaciones donde además aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones de derechos humanos.