Estado venezolano demanda a Odebrecht por incumplir con más de 11 obras de gran envergadura

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda presentada por el Metro de Caracas contra la firma Odebrecht por no concluir más de 11 obras de gran envergadura.

Según la demanda, la compañía anónima Metro de Caracas pagó 76,5 millones de dólares y 854 millones de bolívares. La demanda fue admitida el 19 de junio, según la ONG Transparencia Venezuela.

En la acción judicial, el Metro exige a la empresa brasileña, y también a Seguros Caroní, S.A, quien actuó como afianzadora,que devuelvan al Estado el dinero otorgado en anticipo no amortizado, por incumplimiento de sus obligaciones en el contrato N- MC-4749, suscrito el 18 de diciembre de 2012, destinado a “la construcción de 2.400 viviendas a edificarse en terreno ubicado en Mariche, carretera nacional Petare-Santa Lucía, sector Las Tapias, (…), municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda  (…)”. La cantidad  está “estimada en los montos garantizados a través de los contratos de fianzas de fiel cumplimiento.”

¿Qué sabemos sobre el contrato que reclama el Metro de Caracas?

De la información que ha analizado Transparencia Venezuela sobre el contrato Nro. MC-4749, entre la estatal Metro de Caracas C.A.y Odebrecht, se desprende que le fueron asignados recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), de acuerdo a las memorias y cuenta de los años 2013, 2014 y 2015 del Ministerio de Transporte. Se trata de una obra que debió haber finalizado el 1º de marzo de 2017, pero las viviendas nunca fueron construidas.

De acuerdo a la memoria y cuenta 2015 el avance físico era sólo de 6,67%, a pesar del dinero otorgado en anticipo,que conforme a la demanda presentada por Metro Caracas C.A., fue del 30% – es decir Bs. 563.100.000 más US$ 50.700.000.

Qué sigue en el proceso

El Metro de Caracas también solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia una medida  preventiva de embargo sobre los bienes propiedad de Odebrecht.Respecto a este punto, el Sala Político Administrativa ordenó abrir el correspondiente cuaderno separado, para pronunciarse con posterioridad.

La Sala ordenó notificar a: 1.Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Seguros Caroní, S.A., para que comparezcan ante el máximo tribunal a la audiencia preliminar en la que las empresas demandas deberán presentar sus excepciones y defensas y, 2. al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)  y al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Sucre del Estado Miranda, a fin de que emitan opinión en el proceso, sin que deba entenderse como “una intervención forzada”.

La inacción judicial atenta contra el patrimonio del país

La falta de acción contundente, decidida y oportuna, ya sea administrativa o judicial ya ha generado responsabilidad y daño al patrimonio público.

La estructura corrupta de Odebrecht se conoció en 2014 con el caso Lavajato en Brasil. Sin embargo, no fue hasta enero de 2017 que se realizó el primer allanamiento a las oficinas de la empresa en Caracas, y en agosto 2017 conocimos la solicitud  de medida cautelar de congelamiento de bienes pertenecientes a la sociedad mercantil constructora Norberto Odebrecht, que se encuentran relacionados con la ejecución de 11 proyectos inconclusos, interpuesta por la Procuraduría General de la República en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa.

Durante más de un año, tras la orden del presidente Nicolás Maduro en febrero 2017 de cerrar los contratos con Odebrecht, los venezolanos no tuvimos información sobre alguna acción judicial o procedimiento administrativo por parte de algún de ente de la administración pública – a cargo de la ejecución de los contratos de obras suscritos con la empresa.

La demanda interpuesta por el Metro de Caracas C. A. contra Odebrecht duró más de 6 meses en ser admitida, porque a criterio de la Sala Político Administrativa, el escrito no establecía claramente lo que pretendía la empresa al pedir el inicio del juicio. El juzgado de sustanciación dio plazo para que Metro de Caracas aclarara si lo que quería era el cumplimiento del contrato, la resolución del contrato, la ejecución de fianzas o si se acumulaban algunas de las referidas pretensiones procesales.

En junio de este año, el representante judicial del Metro de Caracas, Dra. Martha Cortiñas Márquez, presentó  un escrito en el que aclaró al Tribunal Supremo que se busca el reintegro del anticipo y la ejecución de la fianza de fiel cumplimiento. De ello se desprende que aparentemente el contrato se encuentra terminado y que la entidad pública no considera que la empresa Odebrecht le deba monto alguno en indemnización adicional al contemplado en la fianza de fiel cumplimiento.

Transparencia Venezuela no sabe si el Metro de Caracas y  los otros entes de administración pública que tienen contratos con Odebrecht sin culminar, ya iniciaron procedimientos administrativo o judiciales para exigir el pago de indemnizaciones, fianzas, y otras demandas que correspondan por incumplimiento y por el impacto que esto ha tenido en la calidad de vida de los venezolanos, en la pérdida de patrimonio público, entre otros reclamos.