Consecomercio insta a parar la violencia fiscalizadora

La administración de la Ley de Precios Justos se ha convertido en una especie de acción discrecional de “tierra arrasada” en contra de los comerciantes y expendedores de servicios a nivel nacional, dijo Consecomercio.

"Dicho procedimiento se está siguiendo a partir del desconocimiento del estado de derecho, cuando los empresarios no son atendidos ni respetados al presentar pruebas y facturas que demuestran estar actuando apegados a la ley, mientras que los bienes objeto de inspecciones se les fijan precios a capricho por debajo de los costos de compra, y se obliga a venderlos de acuerdo a la voluntad de inspectores o fiscales, porque, supuestamente, así lo determina la Ley", dijo la cámara en un comunicado.

Para el Consecomercio, no sólo es injusto que se apele a una norma administrada con fines ajenos a esa misma norma, para convertir a modestos empresarios en supuestos delincuentes sin serlo, y propiciar un mayor sufrimiento general a los consumidores de todo el país.

Con la eventual desaparición en masa de pequeños comercios, al no poder afrontar las obligaciones de pago con proveedores y entes financieros, como consecuencia de las medidas de comiso o ventas “a precios de fiscalziación”, los consumidores deben estar conscientes que  sus opciones de compra de lo que puedan conseguir, poco a poco, tampoco será haciendo colas, sino negociando con verdaderas mafias que han ido promoviendo “mercados negros”, a precios de oportunidad, en un país en el que los niveles de escasez de productos básicos superan el 70%.

Consecomercio instó al Ejecutivo a detener la violencia fiscalizadora que se ha seguido hasta ahora, y le exhorta a emplear la misma vehemencia que emplea para buscar inventarios en donde no existen, y a forzar la venta de bienes decomisados a precios realmente artificiales, a favor de la urgencia de producir en todo el país con la participación de la empresa privada.

Si la dedicación gubernamental de hoy se orientara a lograr la reactivación progresiva de la producción agropecuaria, como a la reactivación de las industrias que hoy están paralizadas por la carencia de insumos, materias primas y repuestos, nadie duda, entonces, que habrá capacidad de atender a los millones de consumidores que dedican horas y horas a tratar de conseguir bienes inexistentes.

Por otra parte, si con la misma devoción y seriedad que se honra las deudas soberanas de la nación se atienden la  liquidación de divisas a la empresa privada y se cancelan las obligaciones internacionales adquiridas por ésta, obedeciendo a compromisos autorizados por el Gobierno, se impedirá que haya más industrias paradas y en vías de cierre definitivo.

Para Consecomercio, lo que realmente necesita con urgencia la economía venezolana y la crisis integral que exhibe, son soluciones reales, estructurales. No arremetidas programadas ni efectistas en contra de aquellos ciudadanos que aún tienen el coraje de mantener abiertas sus empresas.