Conindustria advierte "discrecionalidad" de ley antibloqueo

El gremio industrial advirtió que en la ley antibloqueo que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se impone la discrecionalidad al permitir amplias facultades a las autoridades, mayores a lo que es el decreto de emergencia económica que está vigente tras la pandemia.

Conindustria consideró como  consideró como totalmente distanciado de las causas que han originado la crisis, el objetivo que busca "favorecer un desarrollo armónico de la economía”.

"Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal,  ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna", señaló Conindustria que representa más del 80 por ciento de la industria manufacturera.

Los industriales señalaron que los derechos del sector privado nacional son constantemente conculcados por estas disposiciones y la llamada “Ley Antibloqueo” se constituye en una muestra más de lo aquí señalado. "Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación", agregó.

Por otra parte, la “Ley” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los industriales dicen que es preocupante que se pretenda sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños.

Conindustria invocó a la la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus capitales. "Con su aprobación,  se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela", agreg+o.

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