Claves del decreto de estado de excepción y emergencia económica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó la extensión del decreto de emergencia económica, que incluye un Estado de Excepción Constitucional.

Según la Gaceta Oficial, que circuló el lunes, el decreto otorga numerosas potestades a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),  junto a efectivos de las Fuerzas Armadas Nacional, cuerpos policiales y entes públicos para la organización, vigilancia y manbtenimienton de orden público.

El decreto le permite al Gobierno a tomar medidas para mantener la producción privada, así como comercialice y distribuya los alimentos.

CLAPs tendrán poderes plenos

El decreto garantiza la distribución y comercialización de alimentos, con la intervención de las FANB y  los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAPs), según señala el artículo 2 en sus puntos 3 y 9. Los CLAPs tendrán funciones de vigilancia y organización en conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y los cuerpos policiales, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.

También se autoriza a los ministros el dictar medidas para la venta de productos regulados con el fin de lograr que  lleguen a toda la población. Se podrá autorizar aplicación de mecanismos expéditos y transparentes para contrataciones que garanticen la salud, alimentación y servicios básicos.  También se autorizan mecanismos excepcionales para suministrar insumos, créditos, semillas y maquinarias a productores.

Habrá mecanismos para evaluar, hacer seguimiento y control a la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

Se podrá establecer rubros prioritarios para las compras del Estado, y la asignación de divisas para su adquisición. Se autoriza además diferentes mecanismos, como las erogaciones con cargo al Tesoro Nacional (con el correspondiente ajuste de presupuestos) para optimizar la obtención de recursos y atender situaciones excepcionales.

También se autoriza la solicitud de apoyos para la recuperación de la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el artículo 2, punto 7, se plantea la posibilidad de suspender de forma temporal y excepcional, las sanciones de tipo político contra altos funcionarios y  autoridades de los Poderes Públicos, cuando estas sanciones puedan afectar las medidas que está tomando el gobierno para reactivar la economía. Este artículo busca neutralizar los intentos, desde la Asamblea Nacional, de destituir a ministros del Presidente Maduro que trabajan en el área económica y de alimentos, como forma de sabotear su gestión.

Se protegerán las zonas boscosas para evitar la deforestación, la tala y la quema que puedan causar la disminución de precipitaciones o amenacen los ciclos agroproductivos y las cosechas, según el punto 14 del artículo 2.

Lucha contra la delincuencia y desestabilización

El punto 16 el artículo 2, también autoriza a dictar medidas y planes de seguridad “que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, y que permitan “avances contundentes en la restitución de la paz de la soberanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”.

Se podrá suspender el porte de armas de forma temporal en todo el territorio nacional, según dicta el artículo 5, “como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo” de las y los ciudadanos. La medida excluye a efectivos policiales y de la FANB.

El artículo 6 especifica claramente que todas estas acciones deberán realizarse “con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos”, y el artículo 7 recuerda que el Poder judicial y el Ministerio Público deberán realizar las actividades propias de su competencia en la lucha contra el delito y el incremento de la actividad procesal.

También se tomarán medidas, según el punto 17 del artículo 2, para impedir la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela.

El decreto será enviado tanto a la Asamblea Nacional como al Tribunal Supremo de Justicia en los próximos 8 días a su publicación, tal y como dicta la Carta Magna.