Autoridades detienen a dos opositores por instigación

Dos activistas opositores venezolanos fueron detenidos y acusados de presunta instigación al desorden y legitimación de capitales, informó el miércoles el Ministerio Público.

Los acusados, Francisco Márquez (30) y Gabriel San Miguel (24), son militantes de Voluntad Popular, partido político del líder opositor Leopoldo López, quien cumple una sentencia de casi 14 años vinculada a la ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro de 2014.

Fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el domingo en un punto de control vehicular en la población de Apartaderos en el estado de Cojedes.

"(...) El fiscal de la Sala de flagrancia de esa jurisdicción, Doménico Bofelli, imputó a Márquez y San Miguel por presuntamente incurrir en los delitos de legitimación de capitales e instigación pública", dijo el ministerio Público en un comunicado.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron en su vehículo 2,9 millones de bolívares (unos 4.778 dólares calculados al tipo de cambio oficial más alto) y panfletos, "cuya procedencia no pudieron justificar", agregó la fiscalía.

La gobernadora de la entidad, Érika Farías, acusó a los detenidos de llevar el dinero para "pagar a tarifados que generan violencia y desestabilización", en su cuenta de Twitter, donde mostró fotos de los panfletos con la foto de López.

Tras la solicitud de la fiscalía un tribunal ordenó que los jóvenes fueran recluidos en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito.

Voluntad Popular denunció la "detención arbitraria e ilegal" de sus miembros cuando se dirigían al estado Portuguesa para prestar apoyo logístico en la validación de firmas con la que la oposición busca activar un referendo revocatorio, que termine anticipadamente con el mandato de Maduro antes de 2019.

Márquez es un ciudadano estadounidense-venezolano graduado de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard que trabaja para una alcaldía caraqueña controlada por la oposición. San Miguel es un ciudadano venezolano-español.

Mientras la oposición y grupos de derechos humanos argumenta que en Venezuela hay decenas de presos de conciencia, el Gobierno socialista sostiene que los políticos que cumplen sentencia o tiene procesos judiciales, son criminales comunes.

Miles de venezolanos hacen enormes filas desde el lunes en colegios, estadios, bibliotecas y sedes del árbitro electoral para validar las firmas que suscribieron para pedir la activación del referendo.

El martes el líder opositor Henrique Capriles acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de demorar el proceso, y exigió al órgano que extienda los horarios e incremente los puntos de validación. Reuters.