Agenda legislativa de la MUD para 2016

La Mesa de la Unidad y sus diputados electos el 06 de diciembre como mayoría por los venezolanos publicaron a través de su portal las leyes y reformas de las existentes que serán debatidas a partir del 05 de enero de 2016. Esta agenda legislativa busca estabilizar la crisis económica que afecta a todos los venezolanos. A continuación la propuesta:

Abastecimiento:

La finalidad es dictar y/o reformar leyes que faciliten la distribución de productos esenciales y reformar o derogar normas que dificultan la circulación de bienes como La Ley de Seguridad Agroalimentaria y la Ley de Precios Justos. Los instrumentos más relevantes a considerar serían:

Ley de Abastecimiento Pleno:

Su objeto es eliminar trabas y facilitar trámites que obstaculizan la circulación de bienes como guías de movilización, certificados de no producción, renovación de registros y mecanismos de compras restringidas. Igualmente establecer temporalmente incentivos para la importación de rubros como alimentos, medicamentos y productos de aseo personal, tales como la exoneración de aranceles, IVA sobre las importaciones y la catalogación de rubros prioritarios en la asignación de divisas.

Ley Marco para el Incremento de la Productividad:

Se trata de un instrumento general que brinde a los inversionistas seguridad jurídica para que inviertan con facilidad y rapidez sus capitales en áreas productivas estratégicas. Esta ley ordenaría la tramitación expedita de licencias y permisos, eliminaría o rebajaría sustancialmente las tasas que pechan el aumento de capital de las empresas, así como otros certificados como el Código de Productos Envasados cuya obtención se agilizaría mediante un número provisional.

Igualmente derogaría todas aquellas normas que suponen riesgos punitivos con privación de libertad para los administradores de las empresas o límites a la inversión extrajera. Finalmente dejaría sin efecto la declaratoria de utilidad pública que pone en riesgo la propiedad los activos de los empresarios privados y ordenaría la revisión de todas las leyes que establecen competencias discrecionales abiertas para expropiar, intervenir u ocupar empresas.

Ley de Reversión Expropiatoria:

Mediante esta Ley se pretende reversar los procedimientos expropiatorios y establecer condiciones y garantías para que los inversionistas cuyas empresas han sido expropiadas o intervenidas puedan reactivarlas a la brevedad para lo cual se podrían establecer incentivos fiscales y acuerdos indemnizatorios a mediano plazo. La idea es privilegiar la reactivación de empresas en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, productos de limpieza del hogar y aseo personal.

Protección al Consumidor:

Al promulgase la primera Ley de Precios Justos, se abandonó el sistema de protección al consumidor que existía en leyes anteriores. Actualmente los derechos del consumidor apenas están listados en la Ley de Precios Justos. Debido a ello es importante dictar una ley autónoma en esta materia, el instrumento sería una:

Ley de Protección y Educación al Consumidor:

Su objeto sería desarrollar los derechos del consumidor en temas que hoy han quedado sin ninguna normativa que los soporte como por ejemplo: Situación de los presupuestos incumplidos; garantías de buen funcionamiento; devoluciones de productos y reintegro de precios y ofertas engañosas entre otros. Esta ley también podría eliminar la trabas que implican obtener autorizaciones previas para lanzar ofertas y promociones a que al final benefician al consumidor.

Seguridad Ciudadana:

La inseguridad personal es uno de los problemas más graves que enfrenta a diario la ciudadanía en Venezuela, en especial quienes habitan en las zonas más populares. De hecho esta es quizás una de las primeras causas del éxodo de talentos y personas jóvenes de todos los estratos sociales. La solución a este problema es muy compleja y pasa por diversas áreas como prevención, mejoramiento laboral de los cuerpos policiales, e incluso un profunda reforma del sistema judicial. Sin embrago en lo inmediato, sería factible como primera medida dictar una:

Ley de Coordinación Policial:

El objeto de esta ley sería dar fuerza las policías municipales y estadales, para que convivan coordinadamente con la Policía Nacional. Se trata de volver a descentralizar la seguridad ciudadana, como lo ordena la Constitución, para evitar que esa suerte de nacionalización policial contenida en la Ley de Policía Nacional, haga ineficientes y casi inútiles los cuerpos de seguridad más cercanos a los ciudadanos. Esta ley también pretendería el fomento de la dotación policial para darles a las Policías regionales mayor capacidad operativa.

Salario:

Ante una economía altamente inflacionaria, se hace imperioso promulgar un instrumento que permita la adecuación del salario al valor de los bienes y servicios, evitando el empobrecimiento de los asalariados. El instrumento sería el siguiente:

Ley de Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales:

Para ello debería ampliarse la base de beneficios laborales excluidos del régimen prestacional pretendiendo un acceso más frecuente a mejores ingresos. Incluso reformar el tratamiento de los préstamos laborales, disfrute y pago de vacaciones y prestaciones sociales para que el trabajador pueda acceder a estos ingresos anticipadamente sin agravar aún más la comprometida situación de los empleadores.

Pensiones:

La situación de las personas de tercera edad es lamentable y en un escenario de economía altamente inflacionaria, se hace necesario proteger a quienes ya no están en edad productiva y requieren ayuda del Estado para su sobrevivencia. La idea es dictar una:

Ley de Pensiones Universales No Contributivas:

Su objeto sería crear un beneficio vitalicio a todas las personas de edad avanzada, incluso a aquéllas que por su ocupación o por cualquier circunstancia no hayan contribuido al seguridad social o lo han hecho parcialmente. Este beneficio debería ser revisado constantemente para homologarlo a las remuneraciones de los trabajadores activos.

Servicios Públicos:

Cada se hace más notaria la precariedad de los servicios públicos, en especial el agua potable, el servicio eléctrico, el transporte público, las telecomunicaciones, así como la infraestructura asociada a todos ellos. Para abordar con urgencia este tema se puede impulsar el siguiente instrumento:

Ley de Descentralización y Asociaciones Estratégicas Para la Mejora de los Servicios Públicos:

Su objeto sería suprimir los monopolios y reservas que el Estado ha asumido en la prestación de servicios públicos en detrimento de los mismos, permitiendo que sean también asumidos por los Estados y Municipios, incluso con asociaciones estrategias con empresas privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones.

Ley de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de obras Públicas:

Mediante esta ley se permitiría y fomentaría que con financiamiento multilateral que se repagaría mediante la explotación de concesiones, empresas privadas asociadas con el Estado, puedan desarrollar obras de gran envergadura y alta inversión indispensables para la mejor prestación de los servicios antes señalados. Esta iniciativa ha sido exitosa en muchos países del mundo y en especial en América Latina donde no hay suficientes recursos para financiar estas obras de alta monta.

Ley de Medios de Comunicación Públicos y Comunales:

Con el fin de eliminar la hegemonía mediática de cualquier parcialidad política, esta ley creará medios para asegurar el equilibrio informativo y la independencia de los funcionarios a cargo de la administración de los medios de comunicación del Estado y comunitarios.

Vivienda:

Para complementar y la incitativa denominada Misión Vivienda y facilitar a los ciudadanos adquirir plena propiedad sobre viviendas dignas, sería posible promulgar una:

Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas:

Mediante esta ley se aclararía la situación de las viviendas ya adjudicadas y las que en el futuro se adjudiquen a las personas beneficiarias, permitiendo que puedan disponer plenamente de las mismas, previa verificación de la adjudicación y ocupación de la vivienda. Igualmente se institucionalizaría la adjudicación de títulos de propiedad sobre bienhechurías construidas en terrenos municipales. Finalmente en esta ley se incluiría la idea de los hogares semillas que permiten que desde un estructura mínima el beneficiario pueda ir ampliando modularmente su vivienda progresivamente, para ello se contaría con la coparticipación de la empresa privada mediante créditos a la construcción en condiciones favorables, evitando que los recursos que hoy en día facilita por ley la banca privada, terminen en las manos ineficientes del Estado y generen corrupción.

Ley de Fomento Arrendaticio:

Su objeto sería establecer parámetros razonables para evitar abusos en el aumento de los cánones de arrendamientos, pero a la vez permitir que los inquilinos morosos o quienes usen indebidamente los inmuebles alquilados, puedan ser desalojados en beneficio de otras personas que necesiten esa vivienda, para elo se conferiría un plazo máximo al propietario para volver a arrendar el inmueble a un nuevo arrendatario.

Corrupción:

El patrimonio de la República se ha visto severamente afectado por prácticas corruptas que implican la comisión de delitos por parte de funcionario públicos y particulares. Para tratar de reversar ese daño al patrimonio de todos, se dictaría el siguiente instrumento:

Ley de Repatriación de Capitales Corruptos:

Se promulgaría una Ley con impacto en el área de corrupción y en el área económica. Su objeto sería establecer los mecanismos de enlace internacional para obtener información y medidas de cooperación que permitan rastrear los capitales objeto de delitos contra el patrimonio público, a los fines de ejecutar medidas para su incautación y repatriación previa orden de los tribunales venezolanos.

Ley de transparencia en los procesos de contrataciones públicas:

Con la finalidad de incrementar la eficiencia en el sistema de contratación pública en un momento en el que se requiere la recuperación de la infraestructura nacional, la Asamblea Nacional promulgaría una ley que establezca las licitaciones abiertas como regla general de contratación y otros mecanismos solo en casos excepcionales, eliminando la posibilidad de la contratación directa y sustituyéndola con otros mecanismos de mayor transparencia. Igualmente se establecerá el uso de mecanismos de control y administración de los contratos públicos con la finalidad de asegurar el cumplimiento estricto del contrato y el establecimiento de responsabilidades para inspectores de obras públicas.

Presos Políticos:

Liberación de los presos políticos con la finalidad de crear condiciones de paz y entendimiento nacional. Para ello se propone dictar una:

Ley de Amnistía General:

Su objeto sería conferir Amnistía general y plena a favor de todos aquellos ciudadanos bajo investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y a procedimientos administrativos o penales con ocasión de protestas políticas y posiciones disidentes. Esta Amnistía supondría también la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

Ley de Garantía de la Independencia del Poder Judicial:

Mediante esta ley la Asamblea diseñará el mecanismo de concurso previsto en la Constitución Nacional para la designación de jueces con la finalidad de eliminar la provisionalidad de los jueces venezolanos y convertir a los profesionales del derecho más aptos para la judicatura en verdaderos jueces dotados de estabilidad por la titularidad del cargo. Esta Ley también establecerá la necesidad de dotar a los funcionarios judiciales de salarios acordes con la importante función de administrar justicia, así como medidas relacionadas con la seguridad social, salud y facilidades para la adquisición de viviendas dignas.

Fuente: MUD.